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A mi juicio

Sergio Castro González @sergiocastro_3
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La sentencia del Procés: pero, ¿qué esperaban?

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El post de Sergio Castro en Tribuna.

Al hilo de la sentencia del Tribunal Supremo del Procés, conviene reflexionar sobre que es España.

 

Dispone el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978: "España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”

 

Esta definición viene dada por el primer artículo de nuestra Constitución, norma suprema del ordenamiento jurídico que sirve de apoyo y fundamento al resto de normas. España no es un Estado dictatorial, ni una Monarquía absoluta, ni tampoco una República bananera, con todos mis respetos a las bananas.

 

España es un Estado social y democrático de Derecho.

 

Hay unas reglas de juego, que no se pueden cambiar de forma arbitraria en función de quien lleva ventaja en la partida. Las reglas son para todos, ya que todos estamos sometidos al imperio de la Ley. Como no puede ser de otra forma.

 

A renglón seguido, una vez oficializada la sentencia, me pregunto… Pero ¿qué esperaban?

 

Sin querer entrar en dogmatismos propios del Derecho Penal, el delito se puede definir como la acción u omisión, típica, antijurídica y culpable, llevada a cabo por un sujeto mentalmente maduro y psíquicamente sano.

 

En la aplicación de esta singular rama del Derecho, culmen del principio de legalidad, se manifiestan principios especiales únicamente aplicables a este Derecho, como el de intervención penal minina –el Derecho Penal solo entra a valorar los casos más graves-, o in dubio pro libertate –en caso de duda la balanza se debe inclinar siempre hacia la libertad-.

 

Si los condenados lo han sido, es porque han cometido uno o varios delitos, que no se trate de un delito al uso, como un robo, un asesinato o un tráfico de drogas, no quiere decir que los hechos ocurridos el 1 de octubre de 2017 no sean constitutivos de delito o que sean menos execrable.

 

Dejando al margen las cuestiones materiales sobre la valoración de los hechos por el Tribunal más alto de la jurisdicción ordinaria española, el Tribunal Supremo. Órgano judicial que ha juzgado en base a la condición privilegiada de los reos del procedimiento como aforados. Es evidente que la solución no pasa por judicializar el conflicto catalán.

 

Sin embargo, no se puede permitir ni tampoco consentir que quien se salte la Ley, no pague la cuenta.

 

Resulta muy esclarecedora la frase de John F. Kennedy en su discurso de 1962 para justificar la intervención policial en el Estado de Mississippi, también ante el incumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo americano sobre la segregación racial: “Los estadounidenses son libres de estar en desacuerdo con la Ley, pero no de desobedecerla”.

 

            Nadie está por encima de la Ley, nadie puede estarlo.

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