El proyecto presentado por los promotores ascendía a más de 1,5 millones de euros
Transición Ecológica exige evaluación ambiental a la mejora del regadío del Canal del Campillo de Buitrago
Contempla establecer un sistema de reparto por presión y a la demanda
La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, dependiente del Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, determina que es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto 'Modernización de regadío en la Comunidad de Regantes del Canal del Campillo de Buitrago' porque "podría provocar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".
Así lo recoge la resolución del 6 de mayo de 2022 por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto y que publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Contempla la sustitución del sistema actual que opera en lámina libre, en la modalidad de turnos (riego por gravedad con distribución de agua por canales y acequias), por un sistema de reparto por presión y a la demanda.
Para llevar a cabo la modernización, es necesario ejecutar una serie de infraestructuras. Las actuaciones se localizan en los términos municipales de Garray, Fuentecantos, Buitrago, Fuentelsaz de Soria, Renieblas, Velilla de la Sierra y Soria (sólo un pequeño tramo de la LIE).
La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, en su informe sobre la adenda aclaratoria, destaca el valor arqueológico excepcional de la zona y valora el impacto como severo y crítico sobre el BIC 'Numancia y Cerco Escipiónico' que resulta "afectado" por la construcción de nuevas infraestructuras, por lo que las actuaciones proyectadas se consideran "incompatibles" con la protección de los bienes del Patrimonio Cultural, proponiéndose como medida de protección la adaptación de las nuevas infraestructuras al ámbito de los caminos existentes, evitando la ejecución de otros trazados de regadío en la zona BIC.
Además, la Junta señala determinadas condiciones, entre ellas la necesidad de acompañar el proyecto de un estudio concreto sobre la incidencia de las obras que puedan suponer remociones de tierras en el ámbito del BIC.
La Consejería de Cultura y Turismo, a la vista del resultado, podrá establecer las condiciones que deban incorporarse a la autorización. "En consecuencia, a la vista de lo expuesto, no es posible concluir la ausencia de impactos significativos sobre el patrimonio cultural", manifiesta.
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