El Ministerio de Justicia ha adquirido un sistema informático con el objetivo de crear y gestionar el banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, como establece la ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. La base de datos de ADN se desarrollará con el 'software' Bonaparte, validado internacionalmente en el ámbito forense, y servirá para la identificación genética de cadáveres y personas desaparecidas, ha informado este sábado en un comunicado el Ministerio.

La ministra en funciones, Pilar Llop, ha explicado que el sistema informático "permitirá integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos 'post mortem' procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas", según recoge Justicia.

El banco de datos también incluirá los perfiles de ADN de las personas afectadas por una posible sustracción de menores cuya denuncia haya sido admitida por los hechos recogidos en la ley.

Se prevé que participen en el banco de ADN unos doce laboratorios especializados de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Canarias, Madrid, Aragón, Navarra, País Vasco y Galicia.

Las tareas de mantenimiento, actualizaciones y ciberseguridad correrán a cargo de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia, y el encargado del uso de los algoritmos de la aplicación y de los datos genético será el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

"Bonaparte es un sistema avanzado en la creación y la búsqueda automatizada de perfiles de ADN de árboles genealógicos complejos, sea cual sea la relación de parentesco de los familiares que donan su ADN con la víctima que buscan", describe Justicia.

Se trata de una "característica esencial", pues, por la falta de familiares directos de los desaparecidos, se prevé una "alta casuística de árboles genealógicos complejos".

El sistema informático, desarrollado con fondos europeos a petición del Instituto Forense de los Países Bajos (NFI), ha sido empleado por este organismo y por otros como INTERPOL.

El contrato firmado por el Ministerio incluye la licencia del 'software' por cinco años, así como la formación de los usuarios, la gestión de incidencias y la instalación de parches.