Una marcha vecinal desemboca ante la Delegación del Gobierno entre peticiones de dimisión de responsables políticos
El juez imputa a Puigdemont y Marta Rovira en la causa de Tsunami Democràtic
Dirige la causa contra el líder de Junts y la secretaria general de ERC por indicios de terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado dirigir la investigación por terrorismo sobre el movimiento Tsunami Democràtic contra el expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otra decena de investigados.
El magistrado ha dictado un auto en el que cita en calidad de investigada a Rovira y a otra decena de personas, y en el caso de Puigdemont le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente ante la Audiencia Nacional dada su condición de europarlamentario, que implicaría la obligación de dictar un suplicatorio para citarle.
Según el juez, está "acreditado indiciariamente" que Puigdemont acudió "a las reuniones que se celebraron en Ginebra" el 29 y el 31 de agosto de 2019, donde "pudo haberse planificado la actuación de Tsunami Democratic", plataforma surgida en 2019 para protestar contra la sentencia del "procés".
La Guardia Civil remitió al juez la semana pasada un informe en el que ubicaba a Marta Rovira en la coordinación de Tsunami Democratic y vinculaba a otras ocho personas con este movimiento, como el secretario cuarto de la Mesa del Parlament y diputado de ERC Ruben Wagensberg, el exconseller catalán Xavier Vendrell y el empresario Oriol Soler, ahora imputados.
Esta causa es una que podría ser susceptible de encuadrarse en una futura ley de amnistía que estos días se encuentra en pleno debate entre el PSOE y sus socios parlamentarios
Las nuevas normativas inician ahora su tramitación y deben ser aprobadas en las Cortes
Defensa dice que el CNI avisó el 29 de julio de una convocatoria para pasar a Ceuta a nado. Interior replica que no hay informes que "atisbaran" lo que se avecinaba
La ministra de Defensa, la primera en comparecer por la crisis de Ceuta, recuerda que la obligación del Gobierno es asegurar el cumplimiento de la legalidad junto con la protección de los derechos humanos








