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Varios exaltos cargos de la Junta se volverán a sentar en el banquillo por el juicio sobre la 'Perla Negra'
Se encuentran encausados por las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda
El juicio conocido como 'Perla Negra' tendrá lugar a partir del 26 de febrero y se prolongará hasta el 8 de mayo en la Audiencia Provincial de Valladolid. Doce exaltos cargos del Gobierno autonómico y empresarios se encuentran encausados por las supuestas irregularidades cometidas en la adquisición del edificio Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda y del parque empresarial de Portillo.
La Fiscalía considera provisionalmente que los hechos constituyen delitos continuados de prevaricación, revelación de secretos, malversación de caudales públicos y violación de secretos, en concurso con tráfico de influencias. Se han establecido distintas sesiones para escuchar las declaraciones de los acusados y se ha fijado una indemnización solidaria y conjunta de 16.138.911,47 euros para la Administración autonómica.
CASO A CASO
Para el exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, demanda un total de once años de prisión por delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias. En el caso de la exviceconsejera Begoña Hernández y el exconsejero delegado de Gesturcal Juan Carlos Sacristán, el ministerio público pide también once años de prisión en cada caso por delitos continuados de malversación de caudales públicos y revelación de secretos, este último en concurso con un delito de tráfico de influencias.
Para otros dos investigados, Salvador Molina, exdirector gerente de Gesturcal, y Francisco Armero, exdirector financiero de Gesturcal, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión en cada caso por malversación de caudales públicos. Considera al exdelegado de Excal Alberto Esgueva supuesto autor de un delito continuado de violación de secretos en concurso con un delito de tráfico de influencias, por el que pide seis años de prisión.
La misma pena pide, por los mismos delitos, para Germán Martín Giraldo, exadministrador de la Promotora inmobiliaria Urban Proyecta; Ángel Román Montes, también de Urban Proyecta; Luis Antonio Recio, del Parque empresarial de Portillo; Francisco Esgueva, de Cementos La Bureba; Luis Ángel Rodríguez, del Parque de Portillo, y Carlos González, exconsejero del mismo Parque.
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