El 96% de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León coinciden con los dictámenes y opiniones del Consejo Consultivo, lo que pone de manifiesto la "calidad" de los profesionales que integran este órgano, según ha subrayado hoy en Zamora el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

El máximo responsable del Ejecutivo regional ha clausurado hoy el acto de presentación de la Memoria del Consejo Consultivo y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León. 

Mañueco ha destacado la confianza que existe por parte de todas las administraciones públicas hacia la "esencial labor" realizada por este órgano y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad. Un desempeño que se refleja en "un mejor control de calidad de las decisiones que toman los poderes públicos", se resalta desde la Junta de Castilla y León.

Se trata, a juicio de Fernández Mañueco, de una "labor eficaz", reconocida también por los castellanos y leoneses por su "cercanía y rapidez", lo que se refleja en la Memoria de 2023, que incluye todos sus dictámenes, estudios, informes y resoluciones jurídicamente fundados, "objetivos e independientes".

El presidente de la Junta ha remarcado la seguridad que genera el Tribunal Administrativo entre los contratantes por ser una garantía prejudicial que ofrece alternativas rápidas y gratuitas a los litigios en contratación pública, que el pasado año alcanzaron los 1.580 millones de euros.

El 96% de las decisiones administrativas que se adoptan en Castilla y León coinciden con los dictámenes y opiniones del Consejo Consultivo. Apenas son recurridas una de cada 10 resoluciones del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.

En su intervención, Mañueco ha subrayado la triple función que desempeñan los altos órganos consultivos a la hora de garantizar, controlar y perfeccionar la actividad desarrollada por los representantes públicos, vinculando esta función a los principios democráticos.

Las funciones del órgano consultivo pasan por garantizar la labor que realizan los poderes públicos, al "asegurar que adopten las soluciones más correctas y ajustadas al ordenamiento jurídico"; ejercer un control preventivo interno que facilite o incluso haga "innecesaria" la actuación de otros controles, "sobre todo el judicial"; y, también, derivada de las anteriores, "perfeccionar la función desarrollada por los representantes políticos y de la administración".