Facua-Consumidores en Acción se ha mostrado en contra de la exención del pago del IRPF anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para los caseros que no especulen con sus precios y se ajusten al índice de referencia aunque no exista imposición legal para ello.

Esta asociación ha advertido en una rueda de prensa de que quien se beneficia económicamente del alquiler de un inmueble debe siempre tributar por ello, ya sea como rendimiento del capital inmobiliario o de actividad económica.

Facua, ha indicado su secretario general, Rubén Sánchez, cree que las exenciones "favorecen el rentismo" y refuerzan la idea de la vivienda como una inversión.

Este colectivo sí considera en cambio positivo el anuncio del presidente del Gobierno de que la vivienda pública impulsada por la Administración General del Estado nunca pueda descalificarse para evitar que quienes se beneficien de una concesión no puedan acabar especulando con ella.

Igualmente, valora que todas las viviendas en manos de la Sareb pasen a manos de la nueva empresa pública de vivienda y se destinen a alquileres a precios sociales.

No obstante, considera que se trata de un número de inmuebles "claramente insuficiente" y que la medida debe ir acompañada de la expropiación del uso de las viviendas vacías en manos de grandes tenedores, de manera que el Estado les imponga que las destinen al alquiler a un precio fijado por la Administración.

La asociación ya trasladó el pasado octubre al presidente una serie de reivindicaciones en materia de vivienda entre las que destacaba la expropiación del uso de las viviendas propiedad de grandes tenedores que lleven más de un año vacías para que sean destinadas al alquiler social.

Entre sus peticiones, Facua demanda la fijación de un marco de indemnizaciones que los arrendadores que cometan prácticas abusivas tendrían que abonar a los inquilinos que las denuncien y prohibición de incrementar su precios por encima del IPC cuando cambien de inquilino o hagan firmar a este un contrato nuevo.

También reclama el reconocimiento del inquilino como consumidor, de manera que los abusos cometidos por los caseros sean considerados infracciones en materia de consumo, con lo que podrían ser multadas por las autoridades autonómicas de consumo, y establecimiento de mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.