Desde el inicio del conflicto en Ucrania, España ha brindado protección temporal a un total de 236.570 personas, posicionándose como el cuarto país de la Unión Europea con más autorizaciones de este tipo, representando el 4,9 % del total. Así lo informó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un balance de la situación con motivo del tercer aniversario del conflicto, que incluye datos actualizados hasta el 21 de febrero de 2025.

Aunque se han producido 45 revocaciones y 4.650 ceses (mayoría por reubicación a otros países de la UE), la cifra de beneficiarios sigue siendo alta, con casi el 70 % de los protegidos entre 18 y 65 años y un 59,48 % de mujeres. Entre los más vulnerables se encuentran 1.683 menores no acompañados y 3.355 menores en riesgo activo.

El esfuerzo por atender la crisis humanitaria desde el inicio del conflicto incluyó medidas urgentes como la agilización de trámites para otorgar la protección temporal en solo 24 horas y la implementación de 4 Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), que han ayudado a 214.324 personas en estos tres años. Estos centros, ubicados en Madrid, Barcelona, Alicante y Málaga, también han tramitado el número de Seguridad Social, las tarjetas sanitarias, y brindado orientación laboral y asesoramiento jurídico.

Además, España ha invertido más de 1.530 millones de euros en esta respuesta humanitaria, tanto del Gobierno estatal como de la Unión Europea. En el ámbito educativo, alrededor de 39.741 estudiantes ucranianos han sido escolarizados en el país, con cerca de 5.500 en educación infantil, 15.500 en primaria, y más de 8.000 en formación profesional.

A nivel sanitario, 91.492 personas de Ucrania han recibido la Tarjeta Sanitaria Individual, y todos los desplazados tienen acceso a la sanidad universal.

A pesar de los avances, la protección temporal se mantiene como el mecanismo principal de respuesta debido a la continuidad de la guerra, y se ha prorrogado hasta el 4 de marzo de 2026. La Plataforma de Solidaridad por Ucrania se reunirá en Bruselas el 27 de marzo para debatir sobre el futuro de estas ayudas y las medidas para los que decidan regresar a su país.