El Congreso ha asestado un golpe duro a Yolanda Díaz con el rechazo de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. No se trata solo de una derrota parlamentaria: es la constatación de que el Gobierno carece de la fuerza suficiente para sacar adelante iniciativas que había convertido en bandera. Una vez más, los socios de investidura marcan distancia y evidencian la debilidad de un Ejecutivo atrapado en su propia aritmética.

Los sindicatos, con CCOO y UGT a la cabeza, han lamentado el bloqueo de una medida que consideran esencial para mejorar la conciliación, la salud laboral y la modernización de un mercado de trabajo aún anclado en jornadas extensas. Alertan de que la negativa priva a millones de trabajadores de un derecho largamente reclamado y de un paso adelante hacia la productividad sostenible.

En el lado contrario, las organizaciones empresariales advierten de los costes y riesgos que implicaría imponer la reducción sin atender a las particularidades de cada sector. Señalan el impacto que tendría en pymes y microempresas y avisan de que España no puede permitirse un salto que, sin flexibilidad ni compensaciones, podría comprometer empleo y competitividad.

El varapalo parlamentario pone de manifiesto un problema político de mayor calado. Junts, socio imprescindible, se ha negado a respaldar la propuesta, lo que confirma que el Ejecutivo no controla la agenda legislativa. Para Díaz supone un revés simbólico: su principal apuesta laboral se ha quedado en el camino, debilitando su liderazgo dentro de Sumar y mermando su autoridad ante las bases.

Y este traspié llega en el peor momento. El Gobierno afronta una tormenta de frentes judiciales y políticos que incrementan la sensación de fragilidad institucional: la posible puesta en libertad de Santos Cerdán, el juicio contra el Fiscal General del Estado, la declaración como investigada de Begoña Gómez… Cada episodio erosiona aún más la confianza pública y amplifica el desgaste.

La conclusión es clara: el Ejecutivo necesita recomponer su estrategia. La reducción de jornada puede seguir siendo un objetivo, pero requiere flexibilidad, negociación real y la capacidad de conciliar posiciones tan dispares como las de sindicatos y empresarios. Más urgente aún es recuperar la credibilidad de un Gobierno que se ve desbordado por sus propios socios y por una agenda judicial que lo condiciona.

El fracaso de la jornada laboral es mucho más que una votación perdida. Es el reflejo de un Gobierno al que se le escapan las riendas y que ofrece a la opinión pública una imagen de debilidad que ni sus aliados disimulan ya.