El pleno de la Diputación de Soria ha aprobado por unanimidad la modificación de las bases de la convocatoria de los Planes Provinciales 2025-2026, eliminando el plazo del 1 de diciembre de 2025 que obligaba a los ayuntamientos a justificar la adjudicación de las obras.

La institución provincial atiende así las advertencias de numerosos municipios, que habían trasladado la imposibilidad de cumplir la fecha por la falta de técnicos redactores y de empresas constructoras disponibles. La reducción de opciones para contratar estos servicios estaba provocando retrasos que, según se expuso en el pleno, podían acabar perjudicando a los vecinos al demorar la prestación de servicios básicos.

Con el cambio aprobado, el párrafo que fijaba la fecha límite se sustituye por otro que establece que la acreditación de la adjudicación deberá remitirse "a la mayor brevedad posible", siguiendo el modelo previsto por la Diputación.

El pleno también abordó tres mociones: una de Vox y dos del Partido Socialista.

La moción de Vox, modificada mediante una enmienda de sustitución del Partido Popular, salió adelante con los votos de PP y Vox. El PSOE votó en contra. El texto plantea diversas propuestas sobre la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2026-2030, instando al Ministerio para la Transición Ecológica y a Red Eléctrica de España a priorizar actuaciones en la provincia para reforzar la capacidad destinada al consumo industrial. El objetivo es facilitar la implantación de nuevas actividades económicas, favorecer la cohesión territorial y compensar los efectos del reto demográfico.

Entre las peticiones figuran una planificación que permita distribuir un mayor volumen de la energía renovable generada en Soria, así como la construcción o modernización de subestaciones que amplíen la potencia disponible en los polígonos industriales. Asimismo, se solicita incorporar en la planificación garantías como una reserva de capacidad firme de 1.500 GWh y la creación de un panel de seguimiento público con hitos trimestrales. Se insta además al Gobierno a ejecutar las inversiones eléctricas necesarias para asegurar los 15.000 millones anunciados en las nueve provincias de Castilla y León.

Por su parte, el pleno aprobó una moción del Partido Socialista para impulsar mejoras en las infraestructuras viarias incluidas en el Plan Regional de Carreteras 2008-2020. A petición del Partido Popular, la votación se realizó por puntos.

El primero, relativo a iniciar los trámites para desdoblar la CL-101 entre Ágreda y Almazán, recibió el apoyo de PSOE y Vox, mientras que el PP se abstuvo. Los otros dos puntos salieron adelante por unanimidad: redactar y licitar los proyectos de mejora de las carreteras SO-152, SO-154, SO-910 y SO-110, así como exigir a la Junta un compromiso firme de ejecución y la inclusión del presupuesto necesario en las cuentas autonómicas.

La tercera moción socialista, referida a la compensación viaria de la provincia, también fue aprobada por unanimidad tras incorporar dos aportaciones del Partido Popular. El texto reclama una auditoría técnica inmediata de las vías de Castilla y León, la creación de una Mesa de Compensación Viaria y la elaboración de un Plan de Compensación Anual que aborde el desequilibrio existente en la red y el exceso de kilómetros asumidos por la Diputación.

Los dos puntos añadidos plantean instar a todas las administraciones a compensar el déficit de autovías de la provincia y reservar en los Presupuestos Generales del Estado un mínimo de 150 millones de euros destinados a las Diputaciones para garantizar el mantenimiento adecuado de sus carreteras.