El Gobierno está ultimando una nueva Ley de Gestión Pública y de Integridad del Sistema Nacional de Salud, destinada a proteger la sanidad pública frente a empresas con ánimo de lucro. Así lo ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una entrevista tras el escándalo en el hospital público de Torrejón de Ardoz (Madrid), gestionado por el grupo privado Ribera Salud.

La ministra ha explicado que esta normativa derogará la ley de 1997, que habilitaba distintas formas de colaboración público-privada, y que ahora la intención es limitar este tipo de acuerdos con empresas cuyo objetivo principal sea el beneficio económico. "No se prohíbe la colaboración público-privada, pero sí se limita con empresas con ánimo de lucro", señaló García.

Según la ministra, la ley buscará poner coto al lucro y proteger la sanidad pública de la "depredación constante" provocada por ciertos fondos de inversión y grupos privados. La aprobación está prevista para principios de 2026, dentro de la actual Legislatura, tras su paso por el Consejo de Ministros.

Además, el Ministerio de Sanidad trabaja en un real decreto para dar trazabilidad a las listas de espera. Actualmente, estas listas son consideradas "cajas negras", ya que no permiten un seguimiento claro desde la cita con el médico de atención primaria hasta la intervención quirúrgica. García ha acusado a la Comunidad de Madrid de maquillar los datos publicados sobre listas de espera quirúrgica.

El caso de Torrejón ha motivado también acciones legales: el Ministerio y el grupo político Más Madrid acudirán a la Fiscalía por un posible delito de lesiones contra los pacientes. Se enviará a la alta Inspección para investigar las prácticas del hospital, similares a las denunciadas durante años en el grupo Quirón, que ha recibido 5.000 millones de euros desde que Isabel Díaz Ayuso lidera la Comunidad de Madrid.

La ministra concluyó advirtiendo que este tipo de modelos, donde prima el beneficio económico sobre la atención al paciente, no son casos aislados, sino que reflejan un patrón de actuación que requiere cambios legislativos profundos.