Castilla y León cuenta con actualmente con 405 puntos, instalaciones o infraestructuras críticas localizadas en el interior de una lámina de inundación con recurrencia de 500 años (10.197 en España), lo que quiere decir que, en ese largo plazo, estas ubicaciones podrían estar en el foco de una riada, la catástrofe natural que más daños genera en España. De hecho, según el Consorcio de Compensación de Seguros y el Instituto Geológico y Minero, se estiman los daños que estas provocan en unos 800 millones de euros de media al año. De los 405 puntos, 211 corren un riesgo muy grave de sufrir este tipo de situaciones.

Un informe del Observatorio Sostenibilidad, al que tuvo acceso Ical, ha detectado 151 municipios en los que existen instalaciones en riesgo muy grave a 500 años, que sería el escenario más alejado: "Pero es que la Dana del año pasado en Valencia superó la línea de 500 años y afectó a 16.000 personas más que la anteriormente peor. Este escenario que planteamos es mejor que el año pasado. No es probable, pero puede pasar dos años seguidos", alerta el doctor en Ecología y director del Observatorio, Fernando Prieto.

Entre las infraestructuras críticas en la Comunidad se encuentran 93 colegios (cuatro de ellos guarderías y otro más de Educación Especial), 49 residencias de ancianos y hasta siete hospitales. También, una quincena de campings, un sector que no olvida la tragedia de Biescas (Huesca), que dejó 87 fallecidos.

Además, se suman 15 instalaciones que "deben velar por la seguridad y las emergencias", como seis cuarteles de la Guardia Civil, cinco de Policía Local o Nacional y cuatro de Bomberos, algo que debe "hacer pensar" a las administraciones. "Si quienes nos tienen que ayudar y sacar de una emergencia la sufren ellos también…", sentencia.

En materia medioambiental estarían amenazadas hasta 24 estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en la Comunidad, e incluso una industria química en Miranda de Ebro (Burgos), afectada por la Directiva Seveso, que presentan elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos; y una instalación radioactiva más, en este caso en el Hospital Campo Grande de Valladolid, ambas también con riesgo muy grave.

Si el informe profundiza en los servicios, contabiliza 29 puntos de emisiones industriales, tales como grandes industrias, la planta de Azucarera en Miranda de Ebro, Michelin, en Valladolid, granjas y explotaciones ganaderas, así como una decena de espacios vinculados a la prestación de energía, como gasolineras e instalaciones eléctricas e hidroeléctricas. Igualmente, hay otras siete infraestructuras hidráulicas.

Por último, estarían amenazadas, a 500 años, 149 vías de comunicación, entre carreteras y ferrocarril, y cinco estaciones, de las que tres parten de una situación muy grave: la de tren de Santa María de Huerta (Soria) y las estaciones de tren y bus de Valladolid capital.

Valladolid y Burgos, las más afectadas

Valladolid y Burgos son las provincias más afectadas en este sentido. Así, son solo 15 municipios en la primera de ellas que aglutinan hasta 114 instalaciones con riesgo muy grave de sufrir inundaciones, entre los que se encuentran el camping de Tordesillas, una veintena de residencias de ancianos, la mayor parte de ellas en la capital, pero también en Medina del Campo, Medina de Rioseco y Simancas; medio centenar de centros educativos, todos ellos en el corredor del río Pisuerga, principalmente en la ciudad vallisoletana. También riesgo grave se encuentran, entre otros, los parques de bomberos de Medina de Rioseco y Tordesillas, así como la central en la capital, donde también se encuentran en la lista dos comisarias de Policía Municipal. También el Hospital Clínico y el Campo Grande. También, tres EDAR en Valladolid, Tordesillas y Viana de Cega y varias carreteras secundarias, aunque ninguna como muy grave. En ciudades como Valladolid, expone Prieto, "la gente de menor renta vive en zonas más inundables", algo que no ocurre, por ejemplo, en Málaga.

En Burgos son 97 infraestructuras en 29 municipios, con dos campings en Frías y Medina de Pomar, una decena de residencias, seis centros escolares en la capital y en el valle del Arlanza. También muy grave es el riesgo en la Comandancia de la Guardia Civil y en los puestos de Miranda de Ebro, Oña y Pancorbo; y los de Policía Nacional y Local de Miranda. En la misma situación se encuentra el Hospital Recoletas, en la capital, así como ocho EDAR en la provincia, varias empresas y carreteras.

"Ponerse las pilas"

"Las administraciones deberían ponerse las pilas e incluir estos territorios. La Guardia Civil nos compró el informe por su interés, pero también administraciones autonómicas por la afección a hospitales, colegios y residencias de ancianos)", comenta Prieto, quien apela a que los camping "se pueden cambiar de sitio", pero el resto no, con lo que abogó por un instrumento "de alerta temprana para que la gente se vaya rápidamente, salga de esas zonas cuando pueda suceder, y existan protocolos para saber qué hacer", señaló.

Así, sostuvo que sería interesante "estudiar hasta dónde llegaría el nivel de agua en estos lugares y en qué momento puede suceder", y trabajar para que los ríos "lleguen con menos fuerza a la parte inundable, con lo que habría que construir meandros más grandes, donde el agua filtre". Puso el ejemplo de Alicante, donde el agua "entra en un parque gigante y se va filtrando, con lo que ya no llega con tanta violencia". "O hacer presas, pero algo hay que hacer", abundó.

En el resto de provincias, las zonas de más riesgo se concentran en áreas concretas. Es el caso de León, donde hay 40 municipios en esta situación, con 71 infraestructuras que estarían en riesgo. Entre ellas, dos residencias de ancianos en Bembibre y Cacabelos; dos centros escolares en Benavides de Órbigo y La Pola de Gordón; cuatro EDAR; así como varias carreteras secundarias.

En Zamora, son 49 instalaciones en 24 municipios, entre las que destacan una residencia de ancianos en la capital, seis centros educativos, todos ellos en la ciudad, excepto uno, en Santa Cristina de la Polvorosa, localidad donde también está amenazada la EDAR, junto a la de Benavente, así como dos empresas del entorno de esta población, y carreteras como la ZA-311, en Almeida de Sayago; la ZA-P-2222, en Fariza, y la ZA-302, en El Cubo de Tierra del Vino, donde también está incluido el paso de las vías del ferrocarril.

Con riesgo muy grave hay 25 infraestructuras en una decena de municipios de Palencia, con cinco residencias de ancianos en la capital y en Saldaña, tres centros escolares en la ciudad y dos en Villamuriel de Cerrato y la EDAR de Cervera de Pisuerga y Palencia. Otras 22 instalaciones ubicadas en 12 localidades de Soria, tales como las residencias de Arcos de Jalón, El Burgo de Osma y San Esteban de Gormaz, población en la que también se incluye en la lista su instituto de Educación Secundaria. También las estaciones depuradoras de aguas residuales de Ágreda y Vinuesa y la estación de ferrocarril de Santa María de Huerta.

En Salamanca, el informe incluye 12 infraestructuras ubicadas en nueve municipios, como son los camping de Ciudad Rodrigo y Sotoserrano, una escuela infantil de la población mirobrigense, una empresa de emisiones industriales en Doñinos de Salamanca, así como cuatro vías secundarias, también con riesgo muy grave, en las poblaciones de La Maya, Miranda de Azán, Morasverdes y Puebla de Yeltes.

En Ávila, son once instalaciones en ocho municipios, como el camping de Navaluenga, una residencia en la capital, la EDAR de El Barco de Ávila, así como la carretera N-403, a su paso por la ciudad amurallada, y la AV-110, sobre el río Tormes, en El Barco. Por último, se contabilizan únicamente cuatro puntos en riesgo muy grave en otras tantas localidades de la provincia de Segovia. Se trata de la residencia de anciano de Mozoncillo, además de las carreteras SG-V-3122, en Hontanares de Eresma, SG-232, en Muñopedro, y V-2113, en Cantimpalos.

En el conjunto nacional, el informe estima que siete de cada diez de estas instalaciones se encuentran en una situación de peligrosidad muy grave, un 13 en situación grave y un 16 por ciento, en leve. Castilla y León cuenta con alrededor del seis por ciento de las consideradas como muy grave, las cuales se sitúan, en su mayor parte, en Cataluña, con el 37 por ciento, seguida de Galicia (16 por ciento). El resto ya está solo a un dígito. Además, 77 instalaciones químicas afectadas por la Directiva Seveso, una de ellas en Castilla y León, presentan elevado riesgo de contaminación por radioactividad o residuos tóxicos y peligrosos.

La elección del periodo de 500 años en el informe se justifica porque en la Dana de 2024 sufrida en Valencia se constató por el Observatorio de Sostenibilidad que las superficies inundadas situadas fuera de la lámina preestablecida para ese período de retorno sumaron 16.000 hectáreas, "es decir, mucho mayor que el peor de los escenarios planificado".