El nuevo modelo de financiación autonómica impulsado por el Gobierno y pactado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha reactivado el debate territorial y ha provocado una fuerte división tanto entre partidos como dentro de las propias filas socialistas. Mientras el PSOE y sus socios defienden la propuesta como un avance para corregir desequilibrios históricos, el PP, Junts y varios gobiernos autonómicos cuestionan su equidad y su alcance real.

El acuerdo, presentado esta semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al líder de ERC, Oriol Junqueras, contempla una inyección adicional de 21.000 millones de euros para las comunidades de régimen común, con el objetivo de reforzar servicios públicos como la sanidad y la educación. Desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una oportunidad para modernizar el sistema y blindar el Estado del bienestar.

Desde el PSOE, la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, ha hecho un llamamiento directo al PP para que no bloquee la iniciativa. Considera que sería "imperdonable" que Alberto Núñez Feijóo obligue a los presidentes autonómicos de su partido a rechazar una reforma que, según defiende, corrige desigualdades acumuladas durante años.

ERC también ha presionado a Junts para que abandone las críticas y se sume al acuerdo. Su secretaria general, Elisenda Alamany, ha minimizado el impacto de los reproches en redes sociales y ha defendido el pacto como "un paso adelante", aunque admite que no es el modelo definitivo que aspira a lograr su formación.

Sin embargo, el rechazo del PP ha sido contundente y coordinado. Varios barones populares han acusado al Gobierno de diseñar un sistema que "privilegia a los de siempre" y rompe el principio de igualdad entre territorios. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha llegado a advertir de un enfrentamiento político abierto incluso entre dirigentes socialistas si el modelo se explica en profundidad.

En la misma línea se han pronunciado los presidentes de Murcia y Galicia, Fernando López Miras y Alfonso Rueda, quienes reclaman un sistema basado en la solidaridad interterritorial y alejado de lo que califican como "chantajes políticos". El PP ha anunciado que rechazará la propuesta en todas las instituciones donde tenga representación.

La fractura también se ha dejado sentir dentro del propio PSOE. En Castilla-La Mancha, dirigentes socialistas han expresado su desacuerdo con el modelo planteado al considerar que no refleja el coste real de los servicios públicos, una crítica similar a la formulada por otras fuerzas como el BNG, que reclama mayor autonomía fiscal para Galicia.

Frente a este bloque crítico, los Comuns han salido en defensa del acuerdo y han pedido al Ministerio de Hacienda una posición firme contra el "dumping fiscal" que, a su juicio, practican las comunidades gobernadas por el PP.

Con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para los próximos días, el debate sobre la financiación autonómica se consolida como uno de los principales focos de tensión política, con un consenso todavía lejano y posiciones cada vez más enfrentadas.