El Procurador del Común de Castilla y León ha vuelto a instar a la Consejería de Sanidad a que autorice la reapertura de la farmacia comarcal de Villar del Río, en Tierras Altas de Soria, cerrada desde 2018 y cuya ausencia obliga a decenas de vecinos de la comarca del Valle de Cidacos a largos desplazamientos para poder acceder a medicamentos y atención farmacéutica.

La reclamación parte de una queja elevada por la Plataforma de apoyo para la reapertura de la farmacia de Villar del Río, que ha difundido ahora la resolución del defensor del pueblo autonómico. En ella, el Procurador recuerda que vivir en una zona rural con poca población "no puede constituir un obstáculo para poder acceder a los servicios públicos en condiciones de igualdad con respecto al resto de la población", subrayando el impacto que la pérdida de servicios tiene sobre la despoblación.

El organismo autonómico defiende además que "se debe preservar el derecho a la salud de los ciudadanos mediante la prestación de unos servicios de calidad con independencia del lugar de residencia", advirtiendo de que la falta de recursos sanitarios en el medio rural agrava la brecha entre el mundo urbano y los pueblos.

En este contexto, el Procurador del Común recuerda que ya en octubre de 2022 la Consejería aceptó parcialmente su propuesta de estudiar la declaración del Valle de Cidacos como Zona Farmacéutica Especial, una figura que permitiría tener en cuenta factores sanitarios, geográficos, demográficos y turísticos, y no solo las ratios de población por farmacia. Sin embargo, esa declaración no se ha producido y tampoco se ha cumplido el compromiso adquirido por Sanidad en 2020, una falta de ejecución que, según el defensor, "refuerza la desconfianza entre el ciudadano y la Administración".

La resolución insiste en que las farmacias rurales cumplen una función que va mucho más allá de la simple dispensación de medicamentos, ya que desarrollan "una labor esencial" y actúan como un servicio sanitario de interés público de referencia en las zonas rurales.

La farmacia de Villar del Río cerró de forma definitiva el 16 de marzo de 2018, cuando atendía a 28 núcleos de población de la comarca. Desde entonces, todo el territorio depende únicamente de la farmacia de San Pedro Manrique, lo que obliga a una población mayoritariamente envejecida y con dificultades de movilidad a recorrer más de 30 kilómetros para acceder a sus tratamientos.

Ante esta situación, el Procurador del Común considera "comprensible" la reivindicación constante de los vecinos y plataformas de la zona, al constatarse una pérdida clara de calidad en la atención farmacéutica desde el cierre de la oficina de Villar del Río, un servicio que sigue siendo clave para la supervivencia y la dignidad de los pueblos de las Tierras Altas de Soria.