El Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) ha cerrado el ejercicio con una honda preocupación por el funcionamiento de la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia en el Servicio Público de Justicia. La institución advierte de que el nuevo modelo organizativo ya está provocando atascos en los órganos judiciales y teme que derive en un colapso generalizado de los tribunales.

A esta situación se suma, según la Abogacía, el impacto negativo de la reciente comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en las provincias de Valladolid y León, en vigor desde el pasado 1 de enero, que centraliza estas secciones en las capitales y en Ponferrada. "Esta reorganización obliga a muchas víctimas a recorrer largas distancias para declarar, generando desigualdades evidentes en función del lugar de residencia", ha advertido el presidente del CACYL, Fernando Rodríguez Santocildes, elegido el pasado mes de marzo.

Uno de los principales focos de inquietud para la abogacía es la implantación de los tribunales de Instancia, que se ha llevado a cabo de forma progresiva entre el 1 de julio de 2025 y el 1 de enero de 2026 y que ha supuesto la desaparición del modelo tradicional de juzgados unipersonales. Desde el CACYL se alerta de que esta reestructuración exige una organización mucho más compleja y que el atasco ya detectado podría agravarse en los próximos meses. "La ralentización del funcionamiento judicial tendrá consecuencias directas para los profesionales, especialmente en la economía de los despachos", ha señalado Rodríguez Santocildes.

La preocupación se intensifica con la asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, en particular las relacionadas con los delitos contra la libertad sexual. El presidente del CACYL ha subrayado que esta ampliación competencial incrementará notablemente la carga de trabajo, un efecto que se ve agravado por la comarcalización en Valladolid y León. A su juicio, esta situación coloca a la población rural en una posición de clara desventaja y evidencia una tendencia hacia la desaparición progresiva de los partidos judiciales en el medio rural.

Frente a este escenario, la Abogacía de Castilla y León defiende el refuerzo de las oficinas municipales de Justicia como puntos tecnológicos de atención a la ciudadanía. El objetivo, según el CACYL, es garantizar una justicia de proximidad con medios suficientes y presencia profesional, independientemente de la ubicación física del tribunal. En este ámbito, la institución destaca el papel clave de las diputaciones provinciales y apuesta por una colaboración conjunta para asegurar la eficacia de estas oficinas.

El Consejo también ha manifestado su disposición a colaborar activamente en la detección de incidencias derivadas del nuevo modelo judicial y en la búsqueda de soluciones coordinadas. En este sentido, Rodríguez Santocildes ha puesto en valor la participación de la abogacía en la Comisión de Calidad del Servicio Público de Justicia, impulsada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Ana del Ser, como un espacio clave para mejorar el sistema judicial en la Comunidad.

Otra de las cuestiones que inquieta a la profesión es la falta de interoperabilidad entre los sistemas judiciales autonómicos, una carencia que, según la Abogacía, genera desigualdades y retrasa los procedimientos. "Sin sistemas que se comuniquen entre sí, la digitalización no cumple su función y perjudica a los ciudadanos", ha señalado el presidente del CACYL.

Más allá de la reforma organizativa, la Abogacía encara 2026 con reivindicaciones históricas aún pendientes. Entre ellas, la exigencia de una pasarela al RETA para los mutualistas, en defensa de una jubilación digna. Rodríguez Santocildes ha insistido en que "no es aceptable que un abogado que ha defendido derechos durante 40 años quede abandonado al jubilarse", recordando que la Constitución garantiza la suficiencia económica en la tercera edad.

También sigue pendiente la aprobación de una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dignifique el trabajo del turno de oficio, una situación especialmente delicada en comunidades sin competencias transferidas en Justicia, como Castilla y León. A ello se suma el malestar por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), obligatorios desde el pasado 3 de abril, que los profesionales están realizando sin compensación económica.

Todas estas cuestiones centrarán el debate del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se celebrará en Zamora en mayo de 2026 y que, según el presidente del CACYL, aspira a convertirse en un foro clave para definir el futuro de la profesión en la Comunidad.