La Audiencia Nacional reanuda este lunes el segundo juicio que sienta en el banquillo al exconsejero madrileño Francisco Granados por el caso Púnica, un rompecabezas judicial que estalló hace más de once años y que se dividió en una docena de piezas, de las que solo una tiene sentencia firme.

Lejos queda la operación policial de octubre de 2014 que culminó con los arrestos de medio centenar de personas, entre ellos quien había sido mano derecha de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y dirigente del PP regional, así como varios alcaldes de la región por presunta corrupción.

La Audiencia Nacional reanuda este lunes, tras un parón de una semana, el segundo juicio a Granados, centrado en presuntos contratos irregulares para la organización de fiestas locales en municipios madrileños gobernados por el PP entre 2004 y 2013, en el que afronta una petición de seis años de cárcel.

Granados, alcalde del municipio madrileño de Valdemoro durante cuatro años (1999-2003), comparte banquillo con varios exregidores y con los exsenadores David Erguido y Esteban Parro.

Es el quinto juicio de una macrocausa que se dividió en doce piezas y a la que aún le queda mucho recorrido.

El chivatazo

Granados solo ha sido juzgado en todo este tiempo por servirse del chivatazo que le dio un guardia civil sobre la operación policial.

Era 2017 y afrontaba su primer juicio unos meses después de salir en libertad tras dos años y medio en la prisión de Estremera, que él mismo inauguró en 2008, cuando era consejero madrileño.

Fue condenado a dos años de cárcel en una sentencia que también impuso penas de prisión a dos guardias civiles —uno de ellos en excedencia— y que fue confirmada por el Tribunal Supremo.

Años después, en 2022 y 2025, respectivamente, la Audiencia Nacional juzgó y condenó el despliegue de la trama en León y Murcia. Eran las piezas 2 y 3, y sus sentencias aún están pendientes del dictamen del Supremo.

La primera absolvió a los acusados de los delitos que conllevaban penas de cárcel, pero le acabó costando el puesto al expresidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, condenado a más de ocho años de inhabilitación.

La segunda impuso cárcel e inhabilitación, entre otros, al exconsejero de Industria y Turismo de Murcia Juan Carlos Ruiz por la contratación irregular de trabajos de mejora de su reputación.

Al filo de las vacaciones de Navidad fueron condenados seis exalcaldes de la Comunidad de Madrid (cuatro del PP, uno del PSOE y otro de un partido independiente) por adjudicaciones irregulares de contratos de eficiencia energética a cambio de comisiones entre 2012 y 2014.

Es la pieza 6, en la que la principal condena recayó en David Marjaliza, el conseguidor de esta trama que se decidió a colaborar con la Justicia y que fue sentenciado a más de ocho años de prisión.

La financiación del PP de Madrid

Una de las piezas que más protagonismo ganó en la instrucción es la que giraba en torno a presuntas irregularidades en la financiación del PP de Madrid en las elecciones autonómicas de 2011, pendiente aún de fecha de juicio.

Es la número 9 y en ella estuvieron investigados tres presidentes autonómicos —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes—, que finalmente acabaron fuera de la causa.

Ocho acusados —de los 79 investigados que integraron la pieza— serán juzgados en una fecha por determinar, entre ellos Granados, que fue secretario general del PP de Madrid, y el exgerente Beltrán Gutiérrez, acusados de un delito electoral.

También pendiente de fecha está la pieza 5, centrada en presuntas irregularidades en adjudicaciones de varios ayuntamientos, mientras que la pieza 8, que se refiere a la gestión de Granados como consejero madrileño de Transportes y de Presidencia, Justicia e Interior, está en espera de que el juez abra juicio oral, según informan a EFE fuentes jurídicas.

Un archivo y otras piezas

Una de las doce piezas fue archivada en 2024: la pieza 10, relativa a la contratación de trabajos de reputación ‘online’ de cargos del PP, donde estuvo investigada la exconsejera madrileña Lucía Fígar y varios exalcaldes.

Otras, sin embargo, continúan en el juzgado. Es el caso de la pieza 4, sobre supuestas irregularidades en operaciones urbanísticas de Valdemoro, cuya instrucción está cerrada, pero pendiente de un informe, según las fuentes.

También la pieza 11, relativa a presuntas comisiones en torno a la gestión de varios colegios concertados, en la que la Fiscalía debe informar de si hay indicios para llevar a juicio, o la pieza 12, en la que se investiga un presunto lavado de dinero en el extranjero.