El BOCyL oficializa el cese del gerente sanitario de Soria tras su detención

La Junta mantiene la actividad con normalidad bajo la dirección médica mientras la investigación apunta a la gestión económica y no a la atención asistencial

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El BOCyL oficializa el cese del gerente sanitario de Soria tras su detención
Urgencias del Hospital de Santa Bárbara de Soria
El autor esLuis Romera Calvo
Luis Romera Calvo
Lectura estimada: 2 min.
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El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) recoge el cese a petición propia del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente Cano, tras su detención en el marco de una investigación por presunta prevaricación administrativa continuada.

En una orden de la Consejería de Sanidad fechada el día anterior y publicada en el BOCyL, se formaliza su salida "en el puesto de Gerente de Asistencia Especializada de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria", agradeciéndole los servicios prestados.

El ya exgerente fue detenido junto al director de Gestión del Área Económica y de Servicios Generales, Óscar Pérez García, quienes presentaron su dimisión tras comparecer ante la jueza del Tribunal de Instancia número 4 de Soria, en funciones de guardia. Ambos quedaron en libertad con cargos, con la obligación de comunicar sus domicilios para futuras diligencias judiciales.

La Junta de Castilla y León ha trasladado que la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria seguirá funcionando con normalidad, asumiendo la gestión la dirección médica, como es habitual en situaciones de ausencia del titular.

Desde la Gerencia Regional de Salud se ha reiterado el respeto a la presunción de inocencia de los profesionales implicados y la plena colaboración con la justicia, garantizando la transparencia en el desarrollo de la investigación.

Según ha señalado la Subdelegación del Gobierno en Soria, la actuación de la Guardia Civil se centra en decisiones de gestión económica en el ámbito sanitario público de la provincia, y no en cuestiones relacionadas con la atención médica o la praxis asistencial.

En concreto, la investigación apunta, según fuentes del caso, a un posible fraccionamiento de contratos de obras sanitarias, una práctica que podría haber evitado los procedimientos administrativos ordinarios de contratación.

La prevaricación administrativa consiste, en términos generales, en dictar a sabiendas una resolución injusta en un asunto administrativo.

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