El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Soria ha advertido de una creciente sobrecarga en los servicios municipales vinculada al proceso de regularización de personas en situación irregular impulsado a nivel estatal. Según trasladan, el incremento de trámites está provocando un funcionamiento al límite en áreas clave del consistorio.

Desde la formación popular apuntan especialmente a los departamentos de registro y servicios sociales, donde aseguran que la falta de personal está dificultando la atención. A esta situación, indican, se suman otros factores como la conflictividad laboral interna y la ausencia de una Relación de Puestos de Trabajo, lo que agrava la respuesta municipal ante el aumento de la demanda.

El PP sostiene que en las últimas semanas se han intensificado las colas en dependencias municipales, con esperas prolongadas en espacios como el patio de columnas del Ayuntamiento. A su juicio, este escenario era previsible y consideran que no se han adoptado medidas suficientes para reforzar los servicios. Las estimaciones que manejan sitúan en torno a 2.000 personas las que podrían completar este proceso en la ciudad.

La portavoz popular, Belén Izquierdo, insiste en que la situación no es puntual y habla de una presión sostenida sobre los recursos municipales. En este sentido, reparte responsabilidades entre el equipo de gobierno municipal y el Gobierno central, al que reprocha no haber tenido en cuenta el impacto de estas medidas en las administraciones locales, que son las encargadas de gestionar buena parte de los trámites.

Desde el PP subrayan que la tramitación exige a las personas solicitantes acudir al Ayuntamiento para obtener documentación como el certificado de empadronamiento o informes de vulnerabilidad social, lo que explica la carga adicional en los servicios. Por ello, consideran necesario reforzar la plantilla, planteando la incorporación de entre dos y tres trabajadores más en registro y un aumento significativo en servicios sociales para atender la demanda con garantías.

Izquierdo ha defendido la necesidad de una gestión ordenada y planificada de estos procesos, señalando que deben desarrollarse con control y garantías administrativas. Asimismo, advierte de que la saturación actual puede afectar tanto a las personas que buscan regularizar su situación como al conjunto de la ciudadanía, al tensionar el funcionamiento habitual del Ayuntamiento.