La Junta de Castilla y León ha intensificado durante la primavera la vigilancia contra la caza furtiva en la provincia de Soria, coincidiendo con la campaña del corzo macho, un periodo especialmente sensible en el ámbito cinegético.

Agentes medioambientales y celadores han reforzado los controles tanto en terrenos de caza como en caminos rurales y pistas forestales, en actuaciones dirigidas a garantizar el cumplimiento de la normativa, la seguridad en la práctica cinegética y la conservación de los recursos naturales.

La administración autonómica recuerda que la temporada hábil para la caza del corzo en Castilla y León se extiende desde el 1 de abril hasta el primer domingo de agosto y, posteriormente, del 1 de septiembre al segundo domingo de octubre, un intervalo en el que se incrementa la incidencia de prácticas furtivas, especialmente sobre el corzo macho.

En este contexto, la Delegación de la Junta en Soria ha subrayado el papel económico, social y medioambiental de la caza, destacando su contribución al equilibrio ecológico y a la fijación de población en el medio rural.

En las últimas semanas, los agentes han desarrollado varias actuaciones en cotos de la comarca de Ágreda, donde han detectado infracciones calificadas como graves por la normativa autonómica. En uno de los casos, las intervenciones se centraron de forma reiterada en una misma persona desde el inicio de la temporada, lo que permitió decomisar dos monoculares térmicos y un trofeo de corzo. El implicado fue propuesto para sanción en tres ocasiones en apenas una semana.

Entre las irregularidades detectadas figura el uso de dispositivos térmicos durante la acción de caza, un medio prohibido, así como incumplimientos en el sistema de precintado telemático de piezas de caza mayor al no registrar la captura antes de su traslado.

También se han constatado problemas relacionados con la seguridad, como disparos desde zonas no autorizadas o el transporte indebido de armas.

En otra actuación, desarrollada en un monte de Utilidad Pública, los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban varias personas con un dispositivo térmico. Durante la inspección comprobaron que uno de los ocupantes portaba un precinto de corzo sin activar y que el arma se encontraba cargada y preparada para su uso dentro del vehículo, lo que motivó nuevas denuncias y el decomiso del material.

Desde la Junta recuerdan que este tipo de infracciones puede acarrear sanciones económicas de entre 2.000 y 10.000 euros, además de la retirada de la licencia de caza y la inhabilitación para obtenerla durante un periodo de uno a tres años.

Los operativos de vigilancia cinegética se mantienen activos durante todo el año, adaptándose a los distintos periodos y modalidades de caza, en ocasiones en colaboración con la Guardia Civil y guardas de coto.