FOES y otras siete organizaciones empresariales del norte de España han firmado una Declaración Empresarial por la Competitividad en la que reclaman a las administraciones públicas medidas para reducir la burocracia, mejorar la competitividad y afrontar los problemas de falta de trabajadores que afectan a numerosos sectores económicos.

El documento ha sido suscrito junto a SEA Empresas Alavesas, CEOE Aragón, FADE Asturias, FAE Burgos, CEOE-CEPYME Cantabria, CEN Navarra y FER La Rioja, entidades integradas en CEOE y Cepyme y que representan a miles de empresas y autónomos de sus respectivos territorios.

Las patronales defienden en la declaración el papel de las empresas como "pilares fundamentales" para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la generación de empleo, además de reclamar que la actividad empresarial y la competitividad ocupen un lugar prioritario dentro de la agenda política y económica.

Entre las principales demandas figura la puesta en marcha urgente de planes de simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas, al considerar que el exceso de regulación se ha convertido en uno de los principales frenos para la inversión y el crecimiento empresarial.

El texto también alerta sobre el impacto del absentismo laboral y las crecientes dificultades para encontrar trabajadores, tanto especializados como para puestos generales, una situación que, según las organizaciones firmantes, "ya está comprometiendo la viabilidad de numerosos proyectos empresariales".

Las entidades reclaman revisar las políticas de empleo, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas y agilizar los procedimientos de extranjería y gestión administrativa vinculados a la incorporación de trabajadores.

En materia económica, las patronales defienden alinear la presión fiscal y los costes laborales con la media europea y reducir el gasto público que consideran "superfluo" para favorecer la actividad económica y la inversión.

Además, las organizaciones empresariales solicitan mejores infraestructuras de comunicación, un marco regulatorio estable y una red eléctrica con capacidad suficiente y precios competitivos que facilite nuevas inversiones y garantice el suministro energético necesario para la actividad empresarial.

Las entidades firmantes reiteran finalmente su voluntad de colaborar con las administraciones para construir territorios "más competitivos, dinámicos y capaces de generar oportunidades económicas y empleo de calidad".