La baliza de emergencia V-16 vuelve a estar en el foco del debate. La Dirección General de Tráfico ha anunciado un "nuevo impulso" a su uso a partir del 1 de julio, coincidiendo con la operación salida de verano, con el objetivo de extender su normalización entre los conductores antes de su obligatoriedad definitiva en enero de 2026.

El director general del organismo, Pere Navarro, ha defendido en el Congreso que este dispositivo "salva vidas" y mejora la seguridad en carretera al evitar que los conductores tengan que salir del vehículo para colocar los triángulos de emergencia. Además, ha subrayado que el sistema ya registra unas 2.500 conexiones diarias, lo que indica -según la DGT- que su uso comienza a consolidarse.

Pese a sus ventajas técnicas -luz visible y conexión en tiempo real-, Navarro ha reconocido que existe un cierto estancamiento en las ventas y, sobre todo, una confusión entre los conductores sobre su obligatoriedad y funcionamiento. Esa falta de claridad ha abierto un frente político inesperado. El responsable de Tráfico ha llegado a insinuar la responsabilidad del Partido Popular por haber generado dudas a nivel europeo, lo que ha tensado aún más el debate alrededor del dispositivo.

Durante su intervención parlamentaria, Navarro ha sido tajante: la V-16 no es una medida temporal. "Ha venido para quedarse", ha afirmado, defendiendo que se trata de una mejora estructural de la seguridad vial. Sin embargo, las críticas no han tardado en llegar desde la oposición. Representantes del PP han denunciado mensajes "contradictorios" del Gobierno sobre sanciones y homologación de dispositivos, mientras que Vox ha acusado al responsable de la DGT de trasladar el coste de la transición tecnológica a los consumidores.

Cambios en autoescuelas 

Más allá de la polémica de la baliza, la DGT también ha anunciado cambios relevantes en el sistema de formación de conductores. Publicará en su web datos comparativos de aprobados por autoescuela, con el objetivo de aumentar la transparencia y la competencia entre centros.

Además, el organismo ha alertado de un desajuste estructural: el 98,5 % de los exámenes sigue realizándose para vehículos manuales, pese a que más del 50 % del parque automovilístico ya es automático, lo que abre la puerta a posibles reformas futuras.