La investigación sobre el grave accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz (Córdoba), en el que murieron 46 personas, entra en una fase clave. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha adjudicado de forma provisional los trabajos de análisis de las vías afectadas a dos laboratorios especializados con amplia experiencia en estudios metalúrgicos.

Las empresas seleccionadas son Aimen, con sede en O Porriño (Pontevedra), y Cenim, ubicado en Madrid. Ambos centros serán los encargados de examinar los elementos de la infraestructura ferroviaria implicados en el siniestro para determinar si existieron fallos materiales o defectos que pudieran haber influido en el accidente.

Según la documentación remitida por la CIAF a la Guardia Civil y trasladada al juzgado de Montoro, encargado de la investigación judicial, la contratación se ha realizado mediante un procedimiento de urgencia y sin publicidad, una fórmula contemplada para situaciones que requieren una respuesta rápida.

La comisión justifica la elección de ambos laboratorios por disponer de los medios técnicos necesarios, contar con la acreditación correspondiente y no mantener vínculos con las empresas o entidades relacionadas con el accidente ni con las obras de renovación de la línea ferroviaria donde se produjo el siniestro.

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es que los análisis serán realizados de forma paralela e independiente por dos equipos distintos, una decisión que busca reforzar la objetividad de las conclusiones y aumentar la fiabilidad de los resultados obtenidos.

Las pruebas previstas incluyen ensayos no destructivos sobre las muestras originales, que permitirán estudiar el estado de los materiales sin alterarlos. Posteriormente también se realizarán análisis más exhaustivos mediante la extracción de probetas, una fase que implica cortes y mecanizaciones que modificarán de forma irreversible las piezas examinadas.

Pese a la adjudicación provisional, el proceso todavía debe superar un último trámite. Será la autoridad judicial quien deba valorar la idoneidad de los contratos y autorizar la adjudicación definitiva, paso imprescindible para que los laboratorios puedan comenzar los trabajos sobre unas evidencias consideradas fundamentales para esclarecer las causas del accidente.