Un vecino de El Burgo de Osma ha pasado de denunciante a investigado después de que la Guardia Civil de Soria esclareciera una supuesta estafa bancaria relacionada con apuestas deportivas online. La investigación concluyó que los cargos denunciados, por un importe de 1.342 euros, habrían sido realizados desde cuentas registradas con la documentación personal del propio denunciante.

Los hechos se remontan al 8 de julio de 2025, cuando el hombre acudió a dependencias de la Guardia Civil para denunciar que personas desconocidas habían utilizado de forma fraudulenta su tarjeta de débito para realizar apuestas en diferentes plataformas de juego online.

Tras recibir la denuncia, agentes del Puesto de la Guardia Civil de El Burgo de Osma iniciaron las correspondientes pesquisas para determinar el origen de las operaciones y localizar a los presuntos responsables.

Las gestiones realizadas permitieron comprobar que las cuentas utilizadas para efectuar las apuestas habían sido creadas con los datos personales del denunciante y con la documentación e imágenes aportadas durante los procesos de verificación exigidos por las plataformas de juego.

Además, los investigadores determinaron que la denuncia habría sido utilizada para reclamar ante la entidad bancaria la devolución de los importes cargados, alegando que se trataba de operaciones no autorizadas.

Según la Guardia Civil, la entidad financiera rechazó asumir el reintegro de las cantidades reclamadas al detectar indicios compatibles con una actuación fraudulenta por parte del titular de la tarjeta.

A la vista de los indicios obtenidos, los agentes consideraron esclarecidos los hechos como un presunto delito de simulación de delito, por lo que el denunciante pasó a ser investigado como supuesto autor de esta infracción penal.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente para la continuación del procedimiento.

La Guardia Civil recuerda que la simulación de delito está tipificada en el artículo 457 del Código Penal y puede ser castigada con penas de multa de entre seis y doce meses. Asimismo, insiste en la necesidad de realizar un uso responsable de los mecanismos de denuncia, ya que comunicar hechos falsos puede generar responsabilidades penales y movilizar recursos públicos de forma injustificada.