El Pleno de la Diputación de Soria ha aprobado este viernes por unanimidad la Cuenta General del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, un documento que refleja la gestión económica realizada por la institución durante el pasado año y que será remitido al órgano fiscalizador tras superar el periodo de exposición pública sin recibir reclamaciones.

La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del grave incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos, que, según el último balance oficial, ha causado once fallecidos, además de numerosos heridos y desaparecidos.

En el apartado económico, la corporación dio el visto bueno a la Cuenta General de 2025, integrada por las cuentas de la propia institución y la documentación complementaria que refleja la situación financiera, los resultados de la gestión y la ejecución del presupuesto durante el pasado ejercicio.

El expediente había permanecido expuesto al público durante quince días tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, sin que se presentara ninguna reclamación. Durante el debate, los grupos políticos coincidieron en que el contenido ya había sido abordado previamente con motivo de la liquidación del presupuesto, por lo que no se abrió un nuevo debate sobre el fondo del asunto.

Asimismo, el Pleno tomó conocimiento de la propuesta del Grupo Socialista para la incorporación de la diputada Carolina Romero Molina, que sustituye a Carlos Martínez, a seis comisiones informativas. En concreto, pasará a formar parte de las comisiones de Hacienda, Gestión Económica, Control de Cuentas y Patrimonio; Reto Demográfico y Fondos Europeos; Planes Provinciales; Obras Públicas e Infraestructuras; Servicios Sociales e Igualdad; y Vigilancia de la Contratación.

Durante la sesión también salió adelante, con los votos favorables del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE, una moción para instar al Gobierno de España a aprobar con urgencia un Real Decreto-ley que permita una revisión excepcional de precios en los contratos públicos. La iniciativa también plantea modificar de forma permanente la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar mecanismos de revisión de precios en los contratos de obras, especialmente en aquellos con una duración inferior a un año cuando concurran circunstancias extraordinarias que alteren el mercado.