El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez que delimite el alcance de la investigación económica que lleva a cabo la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En un recurso presentado ante el juzgado, su defensa considera que permitir a la Policía acceder a información bancaria sin restricciones concretas podría derivar en una investigación de carácter prospectivo y afectar a derechos fundamentales.

El escrito no cuestiona que se recabe información de sus cuentas bancarias, sino la posibilidad de que los investigadores puedan ampliar por iniciativa propia la documentación solicitada. La defensa pide que cualquier acceso a nuevos datos financieros deba contar previamente con autorización judicial, de forma que el control sobre la investigación permanezca en manos del magistrado.

Además, el recurso considera excesiva la petición de determinadas comunicaciones internas entre la entidad bancaria y el cliente, así como el periodo temporal analizado, que abarca desde 2020 hasta la actualidad. Según sostiene Zapatero, la investigación debería limitarse al marco temporal relacionado con los hechos que se investigan, ya que ampliar ese plazo supondría obtener una "fotografía financiera" de varios años sin una justificación suficiente.

Otro de los argumentos expuestos hace referencia a la información solicitada sobre personas de su entorno, entre ellas sus dos hijas, su secretaria y otras sociedades mercantiles, al entender que existe un riesgo de que datos de carácter personal puedan terminar siendo conocidos públicamente, especialmente ante la difusión de documentación del procedimiento en algunos medios de comunicación.

Aunque el juez ya acordó que la documentación bancaria se incorpore a una pieza reservada, la defensa solicita que el filtrado de la información relevante no quede únicamente en manos de la UDEF, sino que sea supervisado por el letrado de la Administración de Justicia conforme a criterios previamente establecidos.

Pese a estas objeciones, Zapatero no se opone a que se practique la diligencia bancaria, al considerar que el resultado puede servir para descartar la hipótesis policial de que determinadas sociedades habrían sido utilizadas para canalizar pagos hacia el expresidente.

La investigación judicial trata de esclarecer la presunta existencia de una trama de influencias relacionada con el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo estatal de 53 millones de euros en 2021, causa en la que el expresidente figura como investigado.