El Senado reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
El senador soriano José Manuel Hernando celebra una reforma que modifica la Ley General Penitenciaria tras años de reivindicaciones del colectivo
El Senado ha aprobado este 30 de septiembre la reforma de la Ley General Penitenciaria que reconoce a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, una reivindicación histórica del colectivo que modifica el artículo 80 de la Ley Orgánica 1/1979.
El senador del PP por Soria José Manuel Hernando defendió durante el Pleno de la Cámara Alta la importancia de una medida que, según señaló, permitirá reforzar la protección de los trabajadores penitenciarios frente a las agresiones.
Hernando aseguró que, con la nueva regulación, agredir a un funcionario de prisiones tendrá consecuencias "más graves e inmediatas", y recordó las diferentes iniciativas parlamentarias impulsadas durante los últimos años para conseguir este reconocimiento.
El representante soriano situó la aprobación de la reforma como el final de "un agotador periplo de ocho años" y se dirigió durante su intervención a los representantes de organizaciones del colectivo presentes en el Senado, entre ellas ACAIP, CSIF y Tu Abandono Me Puede Matar.
El senador recordó también el asesinato de Nuria López, trabajadora de la prisión de Mas d’Enric, en Tarragona, un caso que, a su juicio, puso de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas destinadas a proteger al personal penitenciario.
La reforma supone, según el PP, un avance en seguridad jurídica, protección y reconocimiento institucional para más de 30.000 trabajadores penitenciarios en España.
Desde el Grupo Popular sostienen, no obstante, que todavía quedan cuestiones pendientes. Entre ellas citan el incremento de medios materiales, técnicos y humanos en las prisiones, protocolos frente a las agresiones, formación específica, asistencia jurídica y psicológica y la elaboración de un Estatuto del funcionario de prisiones.
Hernando destacó además que el PP votó favorablemente al texto remitido desde el Congreso, pese a que la iniciativa finalmente aprobada procede del ámbito socialista, y defendió que el reconocimiento como agentes de la autoridad responde a una reclamación mantenida durante años por los trabajadores penitenciarios.








