La provincia de Soria recibe alrededor de 1.300 solicitudes anuales de asistencia jurídica gratuita, según los datos del Observatorio de la Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española. Este servicio se verá afectado por la reforma del reglamento aprobada por el Gobierno, que entrará en vigor este viernes, 16 de octubre, y modificará las compensaciones económicas de los profesionales de la abogacía y la procura.

La nueva regulación, recogida en el Real Decreto 824/2026 y publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado, incorpora retribuciones por actuaciones de negociación previas a los juicios, actualiza las cuantías de determinados procedimientos y adapta las compensaciones por la atención inmediata a víctimas y personas especialmente vulnerables.

En Soria, la asistencia se presta a través de los profesionales del turno de oficio y del Colegio de la Abogacía. De las aproximadamente 1.300 solicitudes que se tramitan cada año, alrededor de la mitad se remiten a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y la otra mitad son confirmadas expresamente, de acuerdo con la información difundida por la Subdelegación del Gobierno.

Hasta el 125 % por acuerdos extrajudiciales

Entre los cambios más destacados figura la remuneración de los abogados que participen en los denominados medios adecuados de solución de controversias (MASC), que permiten tratar de resolver determinados conflictos sin llegar a juicio. Si el proceso termina con acuerdo, el profesional percibirá el 125 % de la cuantía asignada al procedimiento judicial correspondiente. Cuando no se alcance un acuerdo, la compensación será de 30 euros.

La compensación por transacciones extrajudiciales también pasa del 75 % al 125 % de la cuantía aplicable, una mejora que se extiende a las conciliaciones laborales que finalicen con acuerdo. La remuneración de estas gestiones era una reclamación de la Abogacía Española. Su presidente, Salvador González, defendió esta reivindicación durante un acto celebrado en Soria en mayo de 2025.

Desplazamientos y atención a víctimas

El reglamento revisa las compensaciones por la asistencia inmediata a víctimas de terrorismo, trata de seres humanos y delitos contra la libertad sexual, así como a personas con discapacidad necesitadas de especial protección, en los supuestos previstos por la ley. También contempla la disponibilidad durante las guardias y la intervención en denuncias o solicitudes de órdenes de protección.

Otra de las novedades es el reconocimiento económico de los desplazamientos necesarios para prestar estas asistencias. La compensación puede alcanzar los 58,80 euros cuando la distancia supera los 50 kilómetros respecto de la sede colegial de referencia, una previsión especialmente significativa en una provincia extensa y con población dispersa como Soria.

En materia penal, se establecen 600 euros para procedimientos de especial complejidad y 400 euros para el procedimiento penal general. La norma incorpora asimismo módulos para procuradores en asuntos penales de especial complejidad y actualiza otras actuaciones vinculadas a procedimientos concursales.

La asistencia jurídica gratuita, regulada por la Ley 1/1996, tiene como finalidad garantizar que quienes carecen de recursos suficientes puedan acceder a la Justicia y ejercer su derecho de defensa.