Ampliada a 24 meses la tarifa plana a autónomos y a 36 meses si se instalan en un pequeño municipio

El presidente de la Junta y los agentes económicos y sociales firman los acuerdos del Diálogo Social

Crece un 4,4% el presupuesto del Papecyl que contará con 165 millones de euros y llegará a 25.000 empleados a través de 90 programas.

La comunidad autónoma de Castilla y León ampliará a 24 meses la tarifa plana para nuevos trabajadores autónomos que llegará a los 36 meses si el emprendedor se instala en un pequeño municipio de la Comunidad Autónoma con lo que se da cumplimiento al Acuerdo de Gobernabilidad suscrito entre PP y Ciudadanos.

Esta es una de las principales novedades de los acuerdos del Diálogo Social rubricados este lunes entre el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco; los secretarios regionales de CCOO, Vicente Andrés, y UGT, Faustino Temprano, y el presidente de Cecale, Santiago Aparicio, "el primero" de la etapa posterior a Juan Vicente Herrera que, según han augurado las partes, no será el último.

Junto a las medidas para favorecer el empleo por cuenta propia, se establecen ayudas para financiar el inicio de actividad, los servicios externos de apoyo al desarrollo del negocio y la formación en gestión o digitalización empresarial. Otra de las medidas más novedosas del nuevo Diálogo Social es 'Emplea Rural', que articulará un importe adicional en las convocatorias dirigidas a las empresas que realicen contratos indefinidos en municipios de menos de 5.000 habitantes como a los emprendedores que desarrollen su negocio para fijar población.

En concreto, la cuantía máxima de la subvención podrá alcanzar los 10.500 euros para financiar contrataciones por cuenta ajena; los 11.000 euros para apoyar al autónomo que incorpore a un primer trabajador, y los 17.000 euros para los que inicien su actividad, según los colectivos. Se instrumentarán apoyos a las diputaciones para la contratación de Agentes de Impulso Rural, que serán jóvenes parados con titulación superior -preferentemente mujeres- y se ocuparán de potenciar la actividad vinculada a recursos autóctonos y de la prospección empresarial.

Por último, para dinamizar la economía en los pueblos, se incentivará la generación de empleo vinculado a sectores de interés autonómico y a los recursos autóctonos y se ampliarán los apoyos para ofrecer nuevas oportunidades a trabajadores de la minería, las térmicas y las empresas auxiliares en colaboración con las entidades locales.

Otra de las novedades es el Programa de Emprendimiento e Inclusión Social con el que se financiarán proyectos de crecimiento empresarial que integren en su plan un compromiso de empleabilidad de marcado carácter social, "es decir, que faciliten la incorporación al mercado laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión".

En total, el "ambicioso" Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl) para 2020, en palabras de Fernández Mañueco, contará con un presupuesto de 165,3 millones de euros, el 4,4 por ciento más que el año anterior, para desarrollar una "potentísima" propuesta con dinero autonómico y no del Estado que llegará de forma directa a 25.000 personas, según los datos aportados por Vicente Andrés.

"ATENCIÓN PREFERENTE A LOS MÁS VULNERABLES"

"Son 90 programas, cada uno de ellos merecería su propio acuerdo", ha significado el sindicalista que ha explicado a modo de ejemplo que se va a sacar a 1.000 personas de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) para que formen parte del Plan de Empleo Local con el que cobrarán "un salario decente" durante seis meses a jornada completa y con convenio.

Los firmantes han explicado que el Plan Anual de Políticas de Empleo mantiene su "atención preferente" hacia los colectivos más vulnerables y los que tiene más dificultades para encontrar un trabajo, como los mayores de 55 años, jóvenes menores de 35, personas con discapacidad, parados de larga duración, emigrantes retornados, personas sin prestación, en exclusión social y en riesgo de estarlo, entre otros.

A esto han añadido que, por primera vez, el Papecyl se acompaña de un cuadro de incentivos, accesible en el portal web de la Junta, que reúne "de forma integral y simplificada" el "amplio catálogo de ayudas" a lo que se une el compromiso de la Junta de simplificar y agilizar la tramitación administrativa.

Según han detallado, el Papecyl se estructura en "seis grandes bloques" y el primero, que absorbe 81,2 millones de euros, el 49 por ciento del total, contiene iniciativas de fomento del empleo sobre las que actúa de manera horizontal la Estrategia de Empleo Rural y Local para la que se reservan más de 61 millones de euros.

Por su parte, en el apartado dedicado al trabajo por cuenta ajena, se fomentará la contratación de titulados en prácticas mediante el programa Emplea Talento y se pondrá en marcha la Cuenta de Activación para implicar a los desocupados de forma dinámica en la búsqueda de un puesto laboral. Esta medida actuará a modo de certificado digital y contendrá el perfil detallado y personalizado del desempleado y las bonificaciones a las que podrá acceder la empresa que lo incorpore a su plantilla.

Respecto a la formación para el empleo, que aglutina más de 19 millones, contempla un nuevo mapa de necesidades que se elaborará de la mano del tejido productivo y se diseñarán acciones para la cualificación de trabajadores ocupados y desempleados en tecnologías relacionadas con la Industria 4.0 para favorecer su adaptación a la digitalización de los procesos de producción. También, se promoverá una línea específica sobre competencias STEM y se ofrecerán contenidos relacionados con sectores emergentes y estratégicos de acuerdo la revisión de la RIS3.

El tercer bloque, dotado con 24,2 millones, el 15 por ciento del total), prevé reforzar y extender la Formación Profesional (FP) Dual un abanico más amplio de empresas. Además, de forma experimental, se promoverá una iniciativa que impulse la formalización de contratos formativos vinculados a la obtención de un título de FP por el aprendiz.

Por su parte, se destinan 10,5 millones a las políticas para amparar a trabajadores afectados por despidos, expedientes de suspensión, reducción de jornada y, en general, a las personas que sufren mayor desprotección frente al desempleo. Se prevé dar continuidad a todos los programas de apoyo del vigente entre ellos el Personal de Integración y Empleo (PIE), para dar cobertura a quienes han agotado su prestación.

En el marco de la economía social, se facilitará la constitución de empresas, cooperativas y sociedades laborales, particularmente en el caso de empleados con circunstancias especiales, y se respaldará la labor de los Centros Especiales de Empleo con la financiación del 50 por ciento del SMI de los trabajadores con discapacidad, que podrá alcanzar hasta el 75 por ciento ante especiales dificultades de empleabilidad.

La prevención de riesgos y la salud laboral concentra más de 6,1 millones y como principal iniciativa destaca el estudio para la creación de una Red de Pymes Saludables que servirá para reconocer la labor de las empresas en el campo de la mejora de la salud y el bienestar de sus plantillas.

Finalmente, las medidas para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo cuantan con 20,8 millones para asegurar el acceso a un puesto de trabajo a mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, en exclusión social o en riesgo de estarlo, y reforzar las políticas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

A modo de ejemplo, se ampliarán a nuevos supuestos las subvenciones dirigidas a facilitar la reducción de jornada y la excedencia para el cuidado de hijos; se mejorará el programa Conciliamos -que a partir de ahora llegará a los municipios con una población de 3.000 o más habitantes-, y se potenciará el ascenso profesional de la mujer con apoyos enfocados a favorecer su promoción en las empresas -en particular de las menores de 35 años y mayores de 55-.