El juzgado imputa financiación ilegal al presidente del PP de Salamanca y al propio partido por las primarias
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El juzgado imputa financiación ilegal al presidente del PP de Salamanca y al propio partido por las primarias

El presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias. Foto: Ical

El juzgado cita a declarar a Javier Iglesias y la gerente del partido e incluye al propio PP como investigado por la recaudación de fondos para pagar cuotas a afiliados en las primarias de 2017 que ganó Fernández Mañueco.

El juzgado de instrucción de Salamanca ha decidido investigar al presidente del PP de Salamanca, Javier Iglesias, al propio partido y a una de sus responsables de gestión por un presunto caso de financiación ilegal del partido en las primarias internas de 2017. El juzgado ha declarado investigados a Iglesias, a la propia organización y a su gerente por la cuestación que hicieron para recabar los más de 60.000 euros que hacían falta para pagar cuotas atrasadas de afiliados y que estos pudieran ponerse al día y participar en las primarias en las que Alfonso Fernández Mañueco fue elegido presidente del PP y, a la postre, candidato del partido a presidir la Junta en las últimas elecciones autonómicas.

 

El auto supone la reactivación definitiva de esta causa, que fue archivada en una ocasión, pero por la que Iglesias, la gerente del partido y el PP de Salamanca vuelven a estar citados, esta vez en calidad de investigados (la antigua figura del imputado) por un presunto delito de financiación ilegal de partidos políticos. De hecho, tanto Iglesias como la gerente tendrán que volver a declarar en los juzgados ya en su condición de investigados el próximo 30 de diciembre. En el asunto caben responsabilidades penales por un supuesto de donaciones anónimas a partido político que va contra de lo dispuesto para la financiación legal de partidos.

 

El PP ha insistido en la "legalidad" del proceso utilizado, se muestra dispuesto a colaborar y recuerda que el proceso se inició "con una denuncia anónima, secundada por un partido político (Los Verdes-Foro de Izquierdas) que ha actuado como acusación popular". Igualmente recuerdan que "la citación a declarar como investigados de personas concretas no supone en ningún caso un pronunciamiento judicial de culpabilidad, ni la imputación firme de conducta delictiva alguna".

 

El giro en este caso llega por la petición del Ministerio Fiscal, que ha asumido el juzgado, y que considera comprobado que el partido hizo una recaudación entre sus cargos para sumar los 60.000 euros que hacían falta para pagar cuotas de afiliados que no estaban al día, y que no podían votar por tanto en las primarias. Según la fiscalía, la cuestación fue organizada principalmente desde la Diputación de Salamanca, que preside Javier Iglesias, presidente también del PP provincial; se hizo a través de grupos de asesores y también participaron los del grupo político en el Ayuntamiento de Salamanca.

 

La fiscalía considera acreditado que cargos del PP entregaron esas cantidades de manera 'altruista', pero que no se tomó nota de quiénes ni cuánto ponían ni se llevó una contabilidad ordenada. En las declaraciones tomadas en fase previas de esta investigación personal de gestión del PP en Salamanca llegó a asegurar que se apuntaba todo "en papelitos" que después se destruyeron.

 

Según las mismas testificales, con lo recaudado se abonaban las cuotas pendientes, por importe habitualmente de 90 euros. Para ello, se llamaba a los afiliados afectados, se les preguntaba si estaban al día o no con sus cuotas, si las iban a regularizar y, en último caso, se les ofrecía abonarlas desde el partido. Si accedían, se procedía al abono de la cantidad en entidad bancaria. El PP ha insistido en la "legalidad" del proceso de las cuotas.

 

Sobre todo este proceso, el fiscal pone el foco en los pagos que hicieron los cargos electos que voluntariamente aportaron cantidades para abonar cuotas pendientes. Según los datos del auto, fueron 39 en total por un importe global de 17.350 euros, según las propias declaraciones juradas hechas por los propios interesados en sede judicial. Sin embargo, las cuentas no cuadran y es aquí donde reside la base de la imputación por financión ilegal.

 

El fiscal lamenta que el PP ha entregado la documentación requerida en el proceso de manera desordenada y "con absouta dejadez" con multitud de justificaciones mezcladas. Según la documentación, las cuotas de afiliados abonadas en cuenta corriente con fondos aportados por cargos electos del partido son 515 y suman la cantidad de 41.490 euros. Pero se pueden hacer varios cálculos con la diferencia entre lo recaudado y lo gastado en ese fin altruista de pagar cuotas, pero en todos los casos con el mismo resultado: hay un saldo a favor del partido que no está debidamente justificado.

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