Interior traslada a dos etarras a Soria, entre ellos el histórico Troitiño

Junto a Antonio Troitiño Arranz, 'Antxón', trasladan tambien a Soria a Mikel Arrieta Llopis, que tiene una pena de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados y receptación y utilización ilegítima de vehículos a motor.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha ordenado este martes el traslado de seis internos relacionados con la banda terrorista ETA a centros más próximos al País Vasco. Dos de ellos recalan en la prisión de Soria, entre ellos el histórico dirigente etarra Antonio Troitiño Arranz, 'Antxón', y un tercero en la de Palencia.

 

Entre los seis se encuentran uno de los terroristas condenados por el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola, en el que murió una niña, y Antonio Troitiño Arranz, histórico dirigente etarra condenado por una veintena de asesinatos y que fue entregado por Reino Unido en 2017.

 

Según ha informado el organismo dependiente del Ministerio del Interior, Troitiño Arranz será trasladado del centro penitenciario Madrid VII-Estremera a la prisión de Soria. Ingresó en prisión el 5 de mayo de 2017, tras un largo litigio para su entrega desde Reino Unido, y tiene una condena de cinco años, once meses y 29 días por el delito de pertenencia a organización terrorista.

 

'Antxon' fue condenado en 2018 por la Audiencia Nacional por reintegrarse en ETA en 2011, cuando salió de prisión tras cumplir 24 años por 22 asesinatos. Troitiño, miembro del sanguinario 'comando Madrid' en los años de plomo, se fugó a Londres y no fue entregado a España hasta la cuarta petición.

 

A propuesta de la junta de tratamiento del centro madrileño, la Secretaría General ha resuelto aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado y su traslado al centro penitenciario soriano. Troitiño cumplirá las tres cuartas partes de la condena en mayo de 2021.

 

Por su parte, Aitzol Maurtúa Eguren pasa, por su parte, de la cárcel de Huelva a la prisión de Dueñas, en Palencia. Ingresó en prisión el 14 de junio de 2002 y cumple una pena de 20 años por pertenencia a banda armada, tenencia de explosivos, tenencia de armas sin licencia y falsedad en documento público.

 

Cumplió las tres cuartas partes de la condena en junio de 2017 y, según Interior, acepta la legalidad penitenciaria, por lo que la Secretaría General ha resuelto aplicarle el principio de flexibilidad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a su clasificación en primer grado.

 

Mikel Arrieta Llopis deja la cárcel de Algeciras para ingresar en la de Soria. Ingresó en prisión el 19 de enero de 2000 y tiene una pena de 30 años por los delitos de asesinatos, atentados y receptación y utilización ilegítima de vehículos a motor. Cumplió las tres cuartas partes de la pena en julio de 2020.

 

Según Interior, "acepta la legalidad penitenciaria y se ha desvinculado de la banda terrorista", de ahí que la junta de tratamiento de la prisión gaditana propusiera la progresión del interno a segundo grado y su traslado a la prisión castellanoleonesa.

 

ATENTADO EN LA CASA-CUARTEL DE SANTA POLA

Andoni Otegi Eraso, alias 'Ioso', pasa del centro penitenciario de Almería al de Logroño. Ingresó en prisión el 17 de octubre de 2008 y cumple una condena de 30 años por los delitos de atentados, estragos, depósito de armas y municiones, y robo de vehículo. Cumplirá las tres cuartas partes de la condena en abril de 2031.

 

Junto a Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', fue condenado en 2012 a 843 años de cárcel por ser los autores del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante), que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002, matando a una niña de seis años, y a Cecilio Gallego Alaminos, de 57. La condena les atribuyó otros 51 asesinatos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas.

 

Según Interior, Andoni Otegi Eraso -condenado también por el asesinato del concejal de UPN José Javier Múgica Astibia en 2001-, "acepta la legalidad penitenciaria y ha manifestado su intención de hacer frente a su responsabilidad civil". La condena impuso indemnizaciones de 211.768 euros a los padres de la niña asesinada, así como con 75.539 a la familia del hombre, que murió cuando se encontraba en una parada de autobús situada junto al acuartelamiento. También fijó en nueve millones de euros el coste en compensación al Estado.

 

A propuesta de la junta de tratamiento del centro almeriense, el interno mantiene su clasificación en segundo grado y será trasladado al centro penitenciario riojano.

Comentarios

Deja tu comentario

Si lo deseas puedes dejar un comentario: