La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) valora la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) conocida este jueves, a través de la cual, según indica este sindicato se "pone una vez más en evidencia el abuso de la temporalidad que han realizado las administraciones españolas a lo largo de la última década". En su escrito, aseguran que "la tasa de reposición impidió convocar ofertas de empleo público y las administraciones abusaron de la contratación temporal". CSIF, por tanto, expresa su "solidaridad y comprensión con las personas afectadas que han sido víctimas de una situación de abuso y desamparo".

A este respecto, desde la central sindical recuerdan que, tal y como establece el TJUE, "corresponde a los tribunales españoles pronunciarse sobre las medidas sancionadoras que deben imponerse ante el abuso, siempre que las mismas no contravengan el Derecho nacional". Dicho esto, en la actualidad, "Gobierno y las diferentes administraciones tampoco están aplicando de manera adecuada los plazos que marca la Ley", aseguran. Además, añaden que "la tasa de reposición va a perpetuar el problema y dificultará cumplir el objetivo de reducir la interinidad al 8% a final de año, para responder a las exigencias de Bruselas".

Se da la circunstancia de que hay decenas de miles de plazas pendientes de cubrir desde 2020 y la mayoría de las personas que aprobaron la convocatoria de 2023 aún esperan su designación por el retraso en los plazos. "Esto es inadmisible", denuncia CSIF. La negociación de la oferta de 2024 acaba de comenzar y lleva al menos seis meses de retraso.

Ante esta situación, CSIF exige:

• Eliminar de manera inmediata la tasa de reposición para que las administraciones puedan planificar sus necesidades, utilizando solo de manera excepcional la contratación temporal.
• Agilizar los procesos selectivos con medios materiales y humanos.
• Introducir sanciones ejemplares a administraciones y responsables administrativos que incumplan.

CSIF asegura que va a ser implacable y llevará a los tribunales a las administraciones que incumplan plazos y el objetivo de reducir la temporalidad.