El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, apuntó hoy a una "llamada de atención" del PSOE al Gobierno central para que convoque la Conferencia Sectorial de Transportes tras la abstención del Grupo Socialista en una proposición no de ley presentada por el PP para revisar el mapa estatal del transporte, que prevé la supresión de unas 500 paradas en Castilla y León, según la Junta.

"Valoramos positivamente que el Grupo Parlamentario Socialista, que es uno de los que sostiene al Gobierno de la nación se haya abstenido, es decir, no haya estado en contra de esta proposición no de ley -Congreso de los Diputados-, lo cual significa que están reflexionando de alguna manera sobre el mapa de transporte y lo que significa, es decir, están empezando a ser sensibles sobre la necesidad de reconsiderar esto", dijo el consejero quien en declaraciones recogidas por Ical confió en que, efectivamente, se convoque.

"Lo que queremos, simple y llanamente, es hablar, poner de manifiesto nuestros problemas. Porque el Ministerio lo plantea a un nivel técnico y bilateral con cada comunidad autónoma y el conjunto de la movilidad no puede tratarse de forma fragmentada. Hay que verlo en conjunto dentro de toda España y luego hay que descender, efectivamente, a nivel autonómico. La movilidad es general y cada administración debe asumir sus responsabilidades y no derivarlas a otras", expresó durante su visita al municipio salmantino de Macotera.

Según recordó el consejero, en cifras, el planteamiento del Ministerio es financiar con 25 millones de euros las paradas suprimidas en toda España pero, según la estimación de la Junta, esa cantidad debería ser anual y solo para Castilla y León. "El Ministerio hasta ahora lo ha ofrecido por dos años. Ahora parece ser que quiere valorar otros sistemas de compensación, bien, está bien que se quieran reconsiderar las cosas, hay que hacerlo en el ámbito que corresponde", insistió, en referencia a la conferencia sectorial.

"El esfuerzo de la Junta de Castilla y León por mantener los servicios públicos y, en la medida de lo posible, aumentarlos, se ve truncado con un proyecto como el del Estado que, lisa y llanamente, supone hacer dejación de ese servicio y que otra administración se haga cargo de ello sin proceder a poner una financiación encima de la mesa, acorde con el volumen que significa", recalcó.

Por ello, insistió en la necesidad de que haya un diálogo entre el Gobierno y las comunidades autónomas. "Es un problema político porque afecta a los ciudadanos de una manera esencial y a la España rural de una manera significativa, especialmente a Castilla y León, porque somos la comunidad más extensa, por lo tanto, con más trayectos y paradas en peligro", finalizó.