La Policía Nacional ha detenido a 29 personas en distintas provincias españolas -entre ellas, una en Soria- como presuntas autoras de 287 grafitis en trenes perpetrados durante el último año, acciones vandálicas que han causado un perjuicio económico global cercano a 1,5 millones de euros.

Esta actuación forma parte de una macrooperación policial contra los denominados 'palancazos', una peligrosa modalidad delictiva en la que los grafiteros fuerzan la parada de trenes en tramos despoblados para pintarlos rápidamente, dificultando la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Según fuentes policiales, en Soria se arrestó a una persona implicada en estos delitos, en el marco de una operación más amplia que también ha incluido detenciones en Valencia, Barcelona, Alicante, León y Málaga, entre otras provincias. En total, los investigadores han esclarecido 46 delitos de daños en esta fase de la operación, con un coste económico de 204.136 euros.

Planificados y peligrosos

El 'palancazo' consiste en accionar la palanca de emergencia dentro del tren para detenerlo en zonas previamente estudiadas, por lo general apartadas y poco transitadas. Una vez parado, se suman más grafiteros que ejecutan su tarea en menos de 10 minutos, con roles diferenciados: algunos vigilan, otros pintan y otros graban el acto para su difusión en redes dentro de la comunidad grafitera.

Los detenidos, algunos con antecedentes policiales por hechos similares, actuaban en grupos organizados, estudiando los horarios de los convoyes, sus rutas y zonas estratégicas de detención. En algunos casos, también perpetraban las pintadas en talleres o estaciones poco vigiladas, como ocurrió en otros puntos del país.

Más allá del vandalismo

Más allá del evidente daño estético, las autoridades destacan el riesgo y el coste que implican estas acciones. Detener un tren de forma brusca supone interrumpir el servicio ferroviario, dañar los sistemas técnicos del convoy, y exige revisiones y reparaciones costosas, como el lijado de ruedas afectadas por la frenada de emergencia.

El inspector jefe José Ángel Sánchez, de la Brigada Móvil de la Jefatura de Madrid, asegura que estas prácticas han dejado de considerarse simples 'gamberradas' y se persiguen con un mayor reproche penal, incluyendo multas elevadas y en algunos casos incluso órdenes de alejamiento de infraestructuras ferroviarias.

La investigación, que ha durado más de un año y medio, continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en otras provincias.