La Diputación Provincial de Soria ha puesto en marcha el nuevo Plan de Mejora y Conservación de Caminos Rurales, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Esta iniciativa tiene como objetivo fomentar obras de conservación y mejora en caminos rurales de titularidad municipal, con una financiación compartida al 50 % entre la institución provincial y los ayuntamientos solicitantes. El plazo para presentar solicitudes será de dos meses a partir de hoy, según recogen las bases.

La vicepresidenta primera y responsable del área de Vías y Obras, María José Jiménez, ha subrayado que la inversión total prevista asciende a dos millones de euros, de los cuales un millón proviene de fondos propios de la Diputación y el otro millón será aportado por los ayuntamientos. Esto permitirá financiar más de un centenar de actuaciones en toda la provincia.

Las subvenciones se destinarán a reparaciones puntuales, como el saneo de zonas degradadas, roderas o acumulaciones de agua, siempre que no superen el 5 % de la longitud total del camino. El importe máximo subvencionable será de 10.000 euros para caminos sin firme de hormigón o material bituminoso, y de 20.000 euros para aquellos que sí lo tengan, con un máximo de un proyecto por núcleo de población.

En cuanto a los criterios de baremación, se priorizarán con 10 puntos los caminos que conecten dos términos municipales y que sean solicitados de forma conjunta por ambos. Obtendrán 7 puntos aquellos que conecten núcleos de población distintos, y 3 puntos los que afecten solo a un único núcleo.

Las obras concedidas deberán estar contratadas antes del 15 de diciembre de 2025 y justificadas antes del 15 de octubre de 2026.

En la convocatoria anterior, correspondiente al año 2023, se invirtieron 2,1 millones de euros en 116 caminos y vías verdes, combinando fondos provinciales y municipales. En esta nueva edición, las vías verdes quedan excluidas del plan, ya que cuentan con una partida específica de 150.000 euros para su mantenimiento, que será gestionado directamente por la empresa pública Tragsa, en función de las necesidades detectadas.