La plataforma Soria Ya ha reclamado este jueves "responsabilidades y dimisiones" y ha pedido "un adelanto electoral y un cambio radical de las políticas forestales" tras lo que considera una "nefasta gestión" de la Junta de Castilla y León en la coordinación y extinción de los incendios durante este verano.

La procuradora soriana en las Cortes, Vanessa García, denunció en rueda de prensa en Soria la ausencia de liderazgo del Gobierno autonómico en momentos de auténtica emergencia. Por su parte, Ángel Ceña lamentó en Valladolid, tras la Junta de Portavoces, que el verdadero problema es "el abandono del mundo rural".

"Necesitamos líderes en los que confiar, no un presidente que tarda cuatro días en cancelar sus vacaciones ni un consejero desaparecido", criticaron ambos representantes, al tiempo que exigieron la dimisión de Alfonso Fernández Mañueco, del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y del director general de Patrimonio Natural, José Ángel Arranz, además de la convocatoria de elecciones.

"Que sean los ciudadanos los que valoren la gestión de esta crisis", añadieron.

Críticas al bloqueo político

Desde Soria Ya recordaron que PP y VOX han bloqueado en las Cortes todas las propuestas de mejora presentadas durante la legislatura, mientras defendían que "la eficacia de la coordinación" y "la calidad de los medios" eran "envidiables".

García recordó también a las tres víctimas mortales de los incendios —un bombero soriano y dos voluntarios leoneses— y expresó su gratitud a profesionales, voluntarios, vecinos y equipos desplazados desde otras comunidades y países europeos. Además, animó a la sociedad soriana a participar en la marcha convocada este viernes por Bomberos Forestales en Lucha Soria.

Abandono del medio rural

Ceña incidió en que el abandono del campo "no es culpa sólo de la Junta, también del Gobierno de España y de los principales partidos que han decidido este país". Según explicó, esta desatención ha llevado a la despoblación y al olvido de tareas tradicionales como el desbroce, la ganadería extensiva o la extracción de leña, lo que ha derivado en "una gestión nefasta por parte de la Junta, que tendría que haber puesto medidas de prevención suficientes".

En este sentido, denunció recortes en el operativo, descoordinación y una privatización que alcanza el 64 % del servicio de extinción.

Nuevas políticas forestales

Vanessa García reclamó la puesta en marcha de políticas basadas en inversión y profesionalización, subrayando que "o se toman medidas reales y se apuesta por la prevención durante todo el año y por mejorar las condiciones de los operativos, o nuestros montes seguirán ardiendo sin remedio".

Entre las propuestas de la plataforma figuran un operativo "estable y profesional", el reconocimiento de la figura del bombero forestal, la creación de un Cuerpo de Agentes Medioambientales, la recuperación de medios aéreos en El Amogable, más coordinación entre administraciones y ayudas adicionales a diputaciones y municipios.

Según Soria Ya, los propios bomberos forestales han denunciado contratos precarios de apenas cuatro meses, jornadas de hasta 22 horas, falta de formación, avituallamientos insuficientes y equipos incompletos que ponen en riesgo sus vidas. "Son testimonios que contradicen el discurso oficial de la Junta, que insiste en hablar de un operativo eficaz", señaló García.

Respecto al desplante de los bomberos forestales a Fernández Mañueco durante la visita de los Reyes a las zonas afectadas, García aseguró que "Mañueco ha comprobado por sí mismo el descontento de los bomberos forestales con su gestión" y añadió que "le han sacado de la burbuja en la que vive".

Balance de daños

Según los datos presentados por Soria Ya, en las dos últimas décadas han ardido más de 400.000 hectáreas en Castilla y León, y solo en la primera quincena de agosto de este año se han quemado más de 150.000 hectáreas.

El balance incluye tres fallecidos, una veintena de heridos graves, la evacuación de 38.000 personas de 150 pueblos y pérdidas ambientales y económicas incalculables.

Además, la extinción de los incendios de agosto ha supuesto un coste estimado de 2.000 millones de euros, frente a los "apenas 74 millones en prevención que Mañueco presume de haber invertido", apuntó García.