El consejero de Medio Ambiente, Ordenación y Vivienda de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha sido denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por sus presuntos vínculos con la empresa designada por la Junta para la construcción de un macrovertedero en San Justo de la Vega, en la comarca de Vega del Tuerto.

Siete colectivos ecologistas han interpuesto la denuncia al detectar varias irregularidades en la concesión del proyecto, que consideran constitutivas de delito. Entre los denunciantes, figuran las asociaciones Bierzo Aire Limpio, Cepeda Viva, Luna Verde, Plataforma por el Futuro de la Montaña Central Leonesa, Indignados de Gestoso o Plataforma para una gestión de residuos eficaz y sostenible.

Valorización Verde SA es la sociedad beneficiada en las obras de estas instalaciones que gestionarán residuos industriales peligrosos y no peligrosos. La iniciativa ha sido aprobada bajo la calificación de Proyecto Regional y de utilidad pública, lo que implica ventajas para la empresa al reducirse los plazos, "exigencias y formalidades", sostienen los denunciantes en un comunicado recogido por Ical.

Además, el accionariado de Valorización Verde está "supuestamente controlado" por la sociedad Asturiana de Laminados, en la que el hijo menor de Quiñones ostenta o ha ostentado cargos de alta dirección, según figura en documentos oficiales de la propia empresa.

Las siete entidades ecologistas señalan el choque de intereses producido y que, presuntamente, ha podido otorgar "un trato de favor mediante la concesión de esas autorizaciones firmadas por el consejero". Este conflicto de intereses fue discutido en el pleno de las Cortes de Castilla y León el pasado 9 de septiembre, cuando el procurador de Vox Carlos Menéndez, solicitó que la Comisión de Ética Pública abriera una investigación al consejero de Medio Ambiente por su gestión en este proyecto.

"En muchas decisiones políticas del consejero Suárez-Quiñones y del PP existe una clara confusión entre los intereses públicos o privados. Consideramos que los hechos demuestran que es un peligro para el medio ambiente que esta persona continúe al cargo de responsabilidades, tal y como ha quedado patente con la desorganización, desaparición y desgobierno durante la respuesta a los incendios a su cargo del pasado mes de agosto", declaran las asociaciones denunciantes.

En la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, los grupos ecologistas han incluido otras situaciones donde Suárez-Quiñones ha beneficiado presuntamente al empresario Macario Fernández, responsable del citado conglomerado empresarial. El consejero de Medio Ambiente de Castilla y León habría estimado un recurso administrativo que "legaliza el uso de una cabaña ganadera dentro del Parque Natural de Babia y Luna, en contra del criterio del Ayuntamiento de Cabrillanes y de la propia Comisión Territorial de Urbanismo", indican.

Según los denunciantes, "estas decisiones adoptadas no sólo vulnerarían lo establecido en el código ético de altos cargos de la Junta, sino que pueden ser constitutivas de delito, dado que el consejero debería haberse abstenido en los expedientes en los que intervenía una empresa en la que su hijo presuntamente era un cargo directivo".