Una operación de la Guardia Civil contra la presunta corrupción en el ámbito municipal ha terminado con la detención de seis personas, entre ellas la concejala de Comercio del Ayuntamiento de Soria, Yolanda Santos (PSOE), en una investigación que incluye registros en dependencias municipales y domicilios particulares. A primera hora de la tarde, la concejal se mantenía en el Ayuntamiento junto con los agentes que habían accedido a primera hora a las instalaciones del Área de Comercio del consistorio soriano, donde han practicado registros relacionados con supuestas irregularidades en la contratación pública con empresas vinculadas a la edil. La operación continúa abierta y se encuentra bajo secreto de sumario.

Según fuentes próximas a la investigación, será el Tribunal de Instancia número 3 de Soria, junto a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, quien tome declaración a los detenidos y determine su situación procesal en los próximos días.

En total, la causa afecta a seis investigados, cuatro en la provincia de Soria y dos en Madrid, a quienes se atribuyen delitos como tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas a funcionarios y pertenencia a organización criminal, entre otros.

Registros en el Ayuntamiento y colaboración institucional

El dispositivo se ha centrado en el Área de Comercio del Ayuntamiento de Soria, donde los agentes han intervenido documentación vinculada a la investigación. Paralelamente, se han realizado registros en dos domicilios particulares relacionados con el caso.

El consistorio soriano ha emitido un comunicado en el que subraya su "máxima colaboración" con la autoridad judicial y con la Guardia Civil, asegurando que está facilitando toda la información y documentación requerida.

El Ayuntamiento, actualmente dirigido por el socialista Javier Antón tras la salida de Carlos Martínez -actual secretario general del PSOE en Castilla y León-, ha insistido en que el procedimiento se encuentra bajo secreto de sumario y que, por tanto, no dispone aún de datos completos sobre el alcance de la investigación. En su mensaje, el equipo de gobierno ha apelado a la prudencia y al respeto a los procedimientos judiciales, pidiendo evitar especulaciones hasta que se conozcan oficialmente los hechos.

La operación ha tenido también repercusión política inmediata. El grupo parlamentario del PP en las Cortes de Castilla y León ha exigido explicaciones urgentes al líder del PSOE en la comunidad, Carlos Martínez, expresando su preocupación por el registro del Ayuntamiento y las detenciones practicadas. Este ha apuntado en El País que conocía del registro porque había sido avisado este pasado lunes.