La Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) ha mostrado su "rechazo absoluto" al cambio de modelo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León, el cual pasará a ser cien por cien público, según anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

Las empresas del sector han criticado que la modificación de la gestión del operativo se vaya a llevar a cabo sin consultar previamente al sector empresarial ni a los agentes sociales implicados. La asociación ha recordado que durante más de tres décadas se ha optado por un sistema de colaboración público-privada y ha asegurado que el cambio de modelo responde "únicamente a criterios políticos" y que no cuenta "con el aval técnico de la Consejería de Medio Ambiente" y así se puso patente en una reunión celebrada el pasado lunes día 20.

Asemfo ha sostenido que el nuevo modelo elimina la participación de las empresas forestales, incrementa los costes un 50% y "no resuelve la gestión de los incendios forestales" ya que, a su juicio, se prioriza la política sobre la gestión técnica y se deja "de lado la eficacia, la sostenibilidad y el empleo rural".

Ha sostenido que el cambio de modelo supondrá la desaparición de empresas forestales que generan "riqueza y empleo en el medio rural", aumentará el gasto "sin mejorar la eficacia en la prevención y la extinción" de incendio y supondrá un "abandono de la gestión activa del monte, clave para reducir riesgos y proteger los bosques".

Del mismo modo, según su criterio, el nuevo modelo aumentará "la conflictividad laboral" y no ofrece "soluciones reales sobre el terreno". Asemfo ha afirmado que la "verdadera prevención" con consiste únicamente en más medios o personal, sino en gestionar el combustible del monte, crear estructuras forestales resilientes y aplicar una gestión técnica eficiente. "Castilla y León no necesita una calculadora electoral; necesita gestión técnica, responsabilidad y sentido común", ha indicado la asociación en un comunicado, que ha sostenido que el precio de la nueva gestión lo pagarán "los bosques, los profesionales forestales, las empresas y los ciudadanos".