Un total de 19 centros de trabajo de la provincia de Soria han retirado de forma segura el amianto de sus instalaciones gracias a las ayudas habilitadas por la Junta de Castilla y León. En conjunto, estos apoyos alcanzan los 427.000 euros, dentro de un programa específico destinado a pequeñas y medianas empresas de la Comunidad. A nivel autonómico, la convocatoria ha llegado a 592 empresas, con una inversión global que supera los once millones de euros.

Estas actuaciones se integran en las políticas autonómicas de prevención de riesgos laborales, con un doble objetivo: evitar caídas en altura y eliminar los riesgos derivados de la exposición a fibras de amianto, un material asociado a enfermedades respiratorias profesionales y procesos cancerígenos.

Los datos fueron presentados por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, acompañado por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, durante la Jornada Técnica ‘Retirada de Materiales con Amianto: El papel de los Ayuntamientos y Entidades Locales’, organizada por la Oficina Territorial de Trabajo de Soria dentro de su programación anual de actividades divulgativas en seguridad y salud.

El encuentro, dirigido a responsables políticos y personal técnico municipal, buscó orientar a los ayuntamientos en la identificación, censo y planificación para la retirada segura de elementos con amianto, conforme a la Disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados, además de analizar los riesgos que implica este material.

Durante la inauguración, Barrios expuso las medidas que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo está desarrollando para impulsar la retirada del amianto tanto en centros de trabajo como en instalaciones de uso público, apoyando especialmente a los municipios del medio rural y a las pymes de Castilla y León.

En esta línea, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, junto a las diputaciones provinciales, impulsará la creación de un censo de instalaciones y emplazamientos con presencia de amianto en los municipios de menos de 5.000 habitantes. El objetivo es facilitar que las entidades locales cumplan la normativa y puedan planificar la eliminación del material según su grado de peligrosidad y la exposición de la población más vulnerable, con horizonte límite en 2028.