La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la orden de expulsión dictada contra una persona en situación administrativa irregular que había sido condenada por la Audiencia Provincial de Soria por dos delitos de amenazas en el ámbito de la violencia sobre la mujer.

El tribunal reconoce que el condenado mantiene vínculos familiares con menores de nacionalidad española y concluye que no se justifica la expulsión al prevalecer el interés superior de los niños. En consecuencia, el TSJ sustituye la expulsión por una multa de 500 euros por su situación irregular en España.

El afectado cuenta, además de la condena por los dos delitos de amenazas —castigados con dos años de prisión por cada uno—, con antecedentes por usurpación del estado civil, quebrantamiento de condena, violencia doméstica y de género, y lesiones y maltrato familiar.

La resolución subraya que, pese a la gravedad de los hechos, la expulsión no puede ejecutarse cuando afectaría directamente a menores a cargo del condenado, criterio que la Sala considera determinante para resolver el caso.