Los senadores del Partido Popular por Soria han expuesto un conjunto de medidas urgentes para hacer frente a la falta de vivienda, tanto en régimen de alquiler como de compra, una situación que atribuyen a las políticas del Gobierno central y a la gestión municipal en la capital soriana.

Los parlamentarios José Manuel Hernando, Cristina Rubio y Javier Jiménez coincidieron en señalar que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales, también en Soria, como reflejan los últimos estudios del CIS. A su juicio, la combinación de una oferta insuficiente y un marco normativo inestable ha provocado una escalada de precios y ha expulsado viviendas del mercado.

José Manuel Hernando criticó duramente la política estatal en materia de vivienda y afirmó que las promesas de construcción de vivienda pública no se han materializado. Según expuso, la legislación vigente ha generado inseguridad jurídica, ha retraído a propietarios y promotores y ha contribuido a un encarecimiento del alquiler, mientras la oferta se reducía de forma significativa. En el caso de Soria, señaló que el parque de viviendas disponibles es tan limitado que incluso familias con capacidad económica encuentran serias dificultades para acceder a un hogar.

Ante este escenario, el PP anunció un plan de vivienda de amplio alcance, con el objetivo de recuperar la confianza del mercado y facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a jóvenes y familias. "Con el Partido Popular, España dejará de ser un país de precarios para convertirse en un país de propietarios", afirmó Hernando, quien defendió un modelo basado en el aumento de la oferta y el respeto a la propiedad privada.

Entre las propuestas avanzadas figura una reforma del marco normativo, con cambios en la Ley del Suelo, la derogación de la actual Ley de Vivienda y la aprobación de una ley específica contra la ocupación ilegal. El plan incluye también medidas de apoyo a los jóvenes, como la creación de la Hucha Hogar Joven, que permitiría complementar con avales públicos el ahorro destinado a la compra de la primera vivienda, así como bonificaciones fiscales en los primeros años de vida laboral.

En el ámbito fiscal, el PP propone rebajas impositivas para reducir el coste final de la vivienda, como la reducción del IVA al 4 por ciento en la compra de la primera vivienda nueva y en la rehabilitación, deducciones en el IRPF para el alquiler a menores de 40 años y bonificaciones a propietarios que incorporen al mercado viviendas que llevaban tiempo vacías. También se plantea un tratamiento fiscal específico para el medio rural, con impuestos cero en municipios de menos de 5.000 habitantes.

El plan incluye igualmente medidas de protección social, con un refuerzo de las ayudas al alquiler para familias vulnerables cumplidoras, y una diferenciación clara entre estas situaciones y la ocupación ilegal. "La carga de la vulnerabilidad debe asumirla el Estado, no el propietario", subrayó Hernando.

Otra de las líneas estratégicas pasa por acelerar los plazos de construcción, reduciendo la tramitación administrativa y ampliando la oferta de suelo. Para ello, el PP propone la figura del Proyecto Residencial Estratégico, que permitiría unificar trámites y destinar al menos la mitad de las viviendas resultantes a precios asequibles, así como una mayor movilización del suelo público disponible mediante un portal de consulta.

Por su parte, Cristina Rubio calificó la política de vivienda del Ejecutivo de Pedro Sánchez como un fracaso que tiene consecuencias directas en Soria, donde el alquiler se ha encarecido notablemente desde la pandemia. A su juicio, el marco estatal limita la capacidad de actuación de los ayuntamientos y de la Junta de Castilla y León para desarrollar nuevas promociones.

El senador y concejal del Ayuntamiento de Soria, Javier Jiménez, cerró la intervención con críticas a la gestión municipal, al considerar que tras casi dos décadas de gobierno socialista no se ha entregado ninguna vivienda municipal, pese a los anuncios reiterados. También denunció retrasos en proyectos comprometidos y reclamó la liberación de suelo que permitiría, según sus datos, la construcción de hasta 2.000 nuevas viviendas en la capital.