El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz abre esta semana una nueva fase de interrogatorios en el conocido como caso hidrocarburos, una investigación que gira en torno a la obtención de licencias para operar en el sector y a un presunto fraude de IVA de 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024.

La ronda de declaraciones arrancará el miércoles 28 de enero con la comparecencia de Claudio Rivas, considerado uno de los principales responsables de la trama y propietario de la empresa Villafuel, junto a Víctor de Aldama. Ambos fueron detenidos en octubre de 2024 por este procedimiento: Rivas permaneció dos meses en prisión, mientras que Aldama quedó en libertad provisional tras comprometerse a colaborar con la Justicia en el marco del caso Koldo, en el que ya estaba investigado.

Entre las novedades de esta fase destaca la citación, por primera vez en calidad de testigos, de Juan Ignacio Bidart y Marc Pons, jefes de gabinete de las exministras Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Transición Ecológica), respectivamente. Ambos nombres aparecen en el último informe remitido por la UCO de la Guardia Civil, que los sitúa como posibles intermediarios en las gestiones para que Villafuel obtuviera la licencia como operador mayorista de hidrocarburos.

Según la investigación, el exasesor ministerial Koldo García mantuvo varias reuniones con Bidart en 2020 -una de ellas con la presencia de Aldama- y también habría tenido contactos con Marc Pons, con indicios de un encuentro en el Ministerio en julio de 2021.

La supuesta trama perseguía que Villafuel lograse la autorización administrativa necesaria para operar en el sector. Aunque la empresa recibió varias negativas iniciales, finalmente obtuvo la licencia el 12 de septiembre de 2022, tras considerarse acreditada su capacidad financiera. Es a partir de ese momento cuando los investigadores sitúan el grueso del fraude fiscal.

El jueves, el juez tomará declaración como testigo a Manuel Hernández García, cuya identidad podría estar relacionada con un contacto registrado por Aldama como "Manuel García Maroto". La UCO interpreta que se trataría del entonces director general de Política Energética y Minas, un cargo clave en la tramitación del expediente de Villafuel.

Ese mismo día también declarará un empresario identificado como Manuel S., señalado por los investigadores como intermediario en la compra de un chalé en La Alcaidesa, inmueble que, según la Guardia Civil, habría beneficiado al exministro José Luis Ábalos como presunta contraprestación por su apoyo a la trama. Este empresario estaría además vinculado a Gaslow, una operadora anterior de Rivas que también es objeto de otra investigación por fraude en el IVA de hidrocarburos.

La ronda de interrogatorios concluirá el viernes con las declaraciones como imputadas de Carmen Pano y su hija Leonor, empresarias que habrían participado en las gestiones para lograr la licencia de Villafuel. Carmen Pano es conocida además por haber asegurado que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE, un extremo que ya declaró tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo.

Con estas diligencias, el juez Pedraz busca aclarar el alcance real de las presuntas conexiones políticas y administrativas de una trama que, según la Guardia Civil, habría utilizado su influencia para abrir la puerta a uno de los mayores fraudes fiscales recientes en el sector de los hidrocarburos