La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha presentado alegaciones a la consulta pública previa para la elaboración de la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Soria capital, al considerar que no existe una situación ambiental que justifique su implantación y advertir de posibles acciones administrativas o judiciales si la norma persigue fines distintos a los estrictamente ambientales.

La organización empresarial sostiene que la ciudad no está legalmente obligada a implantar una ZBE, al no superar los 50.000 habitantes ni registrar excesos en los valores límite de contaminación, y defiende que cualquier regulación en este ámbito debería responder a criterios reforzados de necesidad, proporcionalidad y motivación. En ese sentido, FOES subraya que Soria no presenta problemas estructurales de calidad del aire que avalen medidas permanentes o restrictivas.

En sus alegaciones, la patronal explica que ha analizado el impacto económico de las ZBE en ciudades de tamaño similar, ha mantenido contactos con organizaciones empresariales de otros municipios y ha estudiado ordenanzas ya implantadas. De ese trabajo concluye que, en muchos casos, las zonas de bajas emisiones han generado efectos negativos en el comercio y los servicios, sin una mejora ambiental proporcional.

FOES aporta además un marco comparado para reforzar su posición. En España, recuerda, solo una parte de las ciudades obligadas ha implantado ZBE, y algunas han retrasado su aplicación sancionadora o la han limitado a episodios puntuales de contaminación. En el ámbito europeo, apunta que países con mayores niveles de contaminación cuentan con menos zonas activas o con modelos mucho más flexibles, e incluso cita la derogación de estas figuras en Francia.

La organización empresarial alerta también del riesgo de homogeneizar los centros urbanos mediante regulaciones idénticas en ciudades muy diferentes. A su juicio, uno de los valores diferenciales de Soria es su escala humana, la convivencia entre movilidad y actividad económica y un modelo urbano propio que podría verse erosionado por normas pensadas para grandes áreas metropolitanas.

Proporcionalidad y finalidad ambiental
En el plano jurídico, FOES advierte de que una ZBE con restricciones permanentes o intensivas podría incurrir en falta de proporcionalidad o desviación de finalidad, especialmente si se utiliza para control de accesos, videovigilancia generalizada o fines recaudatorios. La patronal defiende que no cabe una regulación preventiva cuando implica limitaciones a la movilidad y a la libertad de empresa en una ciudad sin problemas ambientales acreditados.

Si finalmente el Ayuntamiento de Soria decide avanzar en la ordenanza, FOES sostiene que solo sería defendible como medida excepcional y no permanente, ligada a episodios concretos de contaminación, y reclama garantías expresas de acceso para empresas de servicios, distribución, transporte, taxis, autoescuelas, autónomos, negocios ubicados en la zona, personas mayores y con movilidad reducida.

La federación empresarial se muestra dispuesta al diálogo y a colaborar en la elaboración de la norma, pero deja claro que se reserva la vía administrativa o judicial si la ordenanza aprobada resulta desproporcionada o ajena a una finalidad ambiental real, en defensa del tejido económico de la ciudad.

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