La mayoría parlamentaria formada por PP, Vox y Junts en el pleno del Congreso ha tumbado el real decreto-ley que contemplaba la revalorización de las pensiones para 2026. En cambio, el decreto relativo a las bonificaciones del transporte público sí ha salido adelante, con el respaldo de Junts, la abstención del PP y el único voto en contra de Vox.

Tanto el PP como Junts habían avanzado su rechazo al decreto de pensiones al considerar que incluía medidas económicas ajenas a esta materia, especialmente la prórroga de la moratoria de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Esta disposición es interpretada por ambas formaciones, al igual que por Vox, como un incentivo a la "okupación". Pese a ello, PP y Junts han reiterado su disposición a respaldar la subida de las pensiones si el Gobierno la tramita mediante una norma específica que no incorpore otras medidas adicionales.

Durante el debate parlamentario, algunos socios del Ejecutivo, aunque votaron a favor del decreto, expresaron también sus discrepancias. El PNV criticó que el coste de la protección a los colectivos vulnerables recaiga sobre los propietarios de viviendas, mientras que EH Bildu y ERC reclamaron que el denominado "escudo social" tenga un carácter estructural y no temporal.

La derogación de la moratoria antidesahucios elevó la tensión política en la reunión posterior de la Diputación Permanente, donde Sumar y Podemos cargaron duramente contra PP, Vox y Junts, a los que calificaron de "sinvergüenzas", "sin corazón" y "mala gente" por, según denunciaron, "dejar en la calle" a más de 60.000 familias.

El real decreto-ley rechazado incluía una revalorización general de las pensiones del 2,7 % en 2026, un incremento del 7 % para las pensiones mínimas y del 11,4 % para las no contributivas y el ingreso mínimo vital (IMV). Además, contemplaba la prohibición de cortar suministros básicos a familias vulnerables y la prórroga del bono social eléctrico.

El texto incorporaba igualmente medidas dirigidas a los autónomos, como la extensión de las cotizaciones sociales, así como disposiciones fiscales que iban desde bonificaciones para la adquisición de vehículos eléctricos hasta ayudas fiscales para los afectados por la dana y los incendios. También eliminaba la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo presentaran la declaración de la renta. Asimismo, el decreto prorrogaba el criterio por el cual las pérdidas registradas por las empresas en 2020 y 2021 a causa de la pandemia de covid no computan a efectos de disolución, prolongando esta excepción durante todo 2026.

En contraste, el real decreto-ley destinado a prorrogar en 2026 las bonificaciones en los títulos de transporte estatales, autonómicos y locales, así como a crear un abono único nacional, logró ser convalidado. La iniciativa contó con el apoyo de Junts y la abstención del PP, lo que permitió su aprobación con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones.