El sector agrario ha asumido ya un sobrecoste de hasta 100 millones de euros por la guerra, especialmente por el encarecimiento de un 28 % del gasóleo y de más del 40 % de los fertilizantes, siendo los herbáceos (cereales y oleaginosas) y los cítricos los más afectados hasta el momento.

El inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero pasado deja una factura adicional de entre 2,4 y 5,8 millones de euros al día, es decir, un gasto extra cuya horquilla se sitúa entre los 41 y los 99 millones de euros en lo que va de conflicto, según los primeros informes técnicos elaborados por las organizaciones agrarias y consultados por Efeagro.

El último dosier de la organización agraria Asaja estima que la subida del gasóleo supone un sobrecoste de 19 millones semanales, lo que equivale a aproximadamente 2,7 millones de euros diarios. A este aumento se suma el encarecimiento de los fertilizantes y de la urea -muy usada en el abono- que ya cotiza a 600 euros por tonelada (+30 %).

Esta situación se produce, además, en plena campaña de abonado de cobertera, uno de los momentos del año en los que el consumo de fertilizantes es más elevado en muchos cultivos, según Asaja. Algunas de sus delegaciones territoriales, como es el caso de Asaja Córdoba, han señalado esta semana que la escalada bélica ha disparado los costes del campo cordobés en más de 21 millones de euros en solo unos días mientras la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) estima en 4 millones semanales el sobrecoste para el sector primario de dicha región.

Demanda máxima de fertilizantes

Desde COAG, su informe técnico repara también en que la situación es "especialmente crítica" porque coincide con la campaña de abonado de cobertera, cuando la demanda de fertilizantes "es máxima". El sector cerealista es el más afectado al tener "máxima dependencia" de fertilizantes nitrogenados.

Por otro lado, la citricultura ha elevado un 12 % sus costes mientras la horticultura intensiva está afectada también por la elevada dependencia de energía.

Además, el sector ganadero está pendiente de la subida del coste de los cereales, de la energía y del carburante, mientras el gremio de los forrajes atisba "posibles dificultades de acceso" a Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por la interrupción del tráfico marítimo.

Múltiples canales de impacto

En su análisis, COAG revela que el conflicto afecta al campo a través de "múltiples" canales, entre los que sobresale ese coste de la producción de energía, fertilizantes y carburantes.

A todo ello se suma el encarecimiento de los fletes marítimos por el desvío de rutas (10-20 días adicionales), congestión en puertos y escasez de contenedores.

Otro elemento importante es el de la especulación porque, según el dossier de COAG, las subidas de estos primeros días de conflicto "no responden a escasez real sino a anticipación especulativa".

Foco en la especulación

En ese foco pone también la atención la organización agraria UPA porque en sus últimos informes denuncia que "ni un solo litro de combustible hoy ha sido producido con el crudo comprado tras el inicio de la guerra, pero, sin embargo, ya estamos pagando los consumidores estas subidas".

En el caso del gasóleo agrícola, la subida se produce en un "mal momento", a la salida del invierno, cuando hay un pico de consumo para la siembra de los cultivos de primavera. A su vez los fertilizantes tienen una dependencia directa del precio del gas natural, especialmente los fertilizantes nitrogenados que son los que más se utilizan para las aplicaciones de cobertera, según UPA. Esta organización cree que es "pronto" para calcular el impacto de la guerra contra Irán porque desconocen lo que se prolongará en el tiempo y si se van a agudizar los efectos.

En el caso de Unión de Uniones, hacen proyecciones de impacto hasta final de año que rondan los 560 millones de euros si el conflicto continúa y siempre atentos a actualizarlas "a la vista de la evolución del conflicto y de los mercados". En su último informe hace una quincena de propuestas para minimizar el impacto en España. Algunas de ellas son un IVA reducido del 10% en el conjunto de bienes y servicios empleados en la producción agrícola, bonificaciones en el IRPF, reducción del IBI rústico o ayudas directas.