UGT Servicios Públicos ha denunciado la situación del operativo antiincendios de Castilla y León a las puertas de la campaña de verano y ha advertido de que la comunidad afronta un escenario "igual o peor" que el del pasado año, pese a los grandes incendios registrados en los últimos veranos y a los compromisos adquiridos por la Junta tras aquellas emergencias.

El responsable federal de los Bomberos Forestales de UGT SP Castilla y León, Francisco Javier García Rodríguez, ha asegurado que sigue existiendo una "falta de inversión sostenida en el tiempo" por parte de las administraciones, lo que provoca que las plantillas no estén dimensionadas correctamente ni para las tareas preventivas ni para afrontar incendios fuera de la campaña de alto riesgo.

Según ha explicado, esta situación se agrava por el abandono del medio rural y por el impacto del cambio climático, que está provocando más olas de calor y un aumento de los incendios simultáneos en diferentes provincias y comunidades autónomas. "El paradigma de incendios forestales ha cambiado completamente", ha firmado.

García Rodríguez ha advertido además de que la solidaridad entre territorios está dejando de ser efectiva porque los incendios coinciden en distintos puntos del país al mismo tiempo, obligando a movilizar medios estatales y recursos de otras comunidades autónomas.

Otro de los aspectos denunciados por UGT es el incumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales, aprobada en 2024. El sindicalista ha recordado que el periodo transitorio para adaptar las categorías profesionales finalizó en noviembre de 2025 y ha asegurado que todavía no se ha implantado correctamente la figura de bombero forestal, ni se están aplicando medidas como la formación continua, la sobrecotización o las subrogaciones recogidas en la normativa. "Castilla y León es el paradigma del no cumplimiento de la Ley Básica de Bomberos Forestales", ha sostenido.

UGT también ha denunciado las dificultades que encuentran muchos profesionales para acceder a la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores, especialmente en un modelo con una gran presencia de empresas privadas y continuos cambios de adjudicatarias, lo que dificulta acreditar los años trabajados en labores de prevención y extinción.

Por su parte, el secretario general de UGT Servicios Públicos Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha recordado los grandes incendios registrados en la comunidad en los últimos años y ha criticadi que, pese a los acuerdos alcanzados tras aquellas emergencias, apenas se han ejecutado mejoras reales.

Según ha explicado, la Junta prometió ampliar el operativo, reforzar las plantillas, convertir contratos fijos discontinuos en empleos de doce meses y mejorar la situación de agentes medioambientales y celadores, pero ha denunciado que muchos de esos compromisos siguen sin cumplirse.

Pérez Urueña ha critiado además que el Gobierno autonómico aprobara un decreto sobre el operativo antiincendios que, a su juicio, "no decía nada nuevo" respecto a acuerdos ya firmados anteriormente y que finalmente decayó al no ser respaldado en las Cortes.

El dirigente sindical ha asegurado que la comunidad llega a la campaña de verano "igual que estábamos hace un año o peor", con vacantes sin cubrir y sin un incremento real del personal. "No hay ni un bombero forestal más que el año pasado", ha afirmado.

Asimismo, ha advertido de las consecuencias de una sentencia que impide a los celadores dirigir incendios o realizar guardias, lo que afectará especialmente a parte del personal vinculado a tareas de coordinación y vigilancia.

UGT ha alertado también sobre la falta de formación especializada para afrontar incendios de nueva generación y ha criticado que muchos trabajadores reciban únicamente cursos básicos de apenas 14 horas antes de incorporarse a situaciones de alto riesgo.

"No puedes coger a un chico o a una chica, darle un curso de 14 horas y meterle en un incendio de quinta generación", has señalado Pérez Urueña.

El delegado de UGT en Ávila, Enrique Sánchez Granado, ha asegurado además que el actual modelo mantiene dividido el operativo entre personal laboral de la Administración, empleados de empresas privadas y efectivos de la empresa pública Tragsa, todos ellos realizando funciones similares pero con distintas condiciones laborales, salariales y de protección.

A juicio del sindicato, esta situación ha generado durante años un "dispositivo hecho de retales y de parches" que no resuelve los problemas estructurales del sistema. Por ello, ha defendido la creación de un modelo 100 % público y unificado para todos los bomberos forestales.

Sánchez Granado también ha criticado que muchas de las mejoras implantadas recientemente se hayan realizado "deprisa y corriendo", sin planificación suficiente ni medios adecuados para desarrollar el trabajo durante todo el año.

Entre las carencias denunciadas, ha señalado la falta de formación, de equipos de protección individual y de instalaciones adaptadas para el personal. Según ha explicado, existen trabajadores sin espacios adecuados para cambiarse, ducharse o guardar ropa contaminada tras las intervenciones en incendios y ha calificado la situación de "un auténtico despropósito".

El representante sindical ha denunciado además que el pasado verano hubo bomberos forestales que llegaron a encadenar jornadas de más de 22 horas de trabajo sin respetar los descansos obligatorios, motivo por el que UGT presentó denuncias ante la Inspección de Trabajo.

"Si tenemos personal suficiente, ¿por qué tiene que estar la gente trabajando 24 horas y descansando seis?", ha cuestionado.

El sindicato ha insistido en que los incendios actuales ya no son únicamente forestales, sino también de interfaz urbano-forestal, donde las llamas amenazan viviendas, urbanizaciones y núcleos de población, lo que obliga a modificar completamente las estrategias de intervención y preparación de los efectivos.

En este sentido, García Rodríguez ha explicado que muchos medios de extinción tienen que priorizar la protección de personas y viviendas frente al avance del fuego, una situación que genera una importante presión psicológica sobre los equipos de emergencia. "Hay un estrés muy importante, tanto psicológico como emocional", ha asegurado.

UGT también ha vinculado el incremento del riesgo a los cambios producidos en el entorno rural durante las últimas décadas, con la desaparición de zonas de seguridad tradicionales alrededor de muchos pueblos y el avance de construcciones y vegetación hasta las propias viviendas.

Los representantes sindicales han reclamado finalmente una apuesta decidida por un modelo público y reforzado, con más personal, mejor formación y una estrategia de prevención adaptada a la nueva realidad climática y forestal de Castilla y León.

Además, han advertido de que la abundante vegetación generada tras una primavera especialmente lluviosa podría aumentar el riesgo de incendios durante el verano si se producen episodios intensos de calor en las próximas semanas.