La Junta de Castilla y León recurrirá ante la Justicia si el traslado de menores extranjeros desde Ceuta a las comunidades autónomas genera perjuicios para la Comunidad o se realiza sin tener en cuenta su posición. Así lo ha anunciado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno.

Carriedo ha respondido de esta forma al planteamiento del Gobierno de España de distribuir entre las distintas autonomías a alrededor de 500 menores extranjeros que actualmente se encuentran en Ceuta, procedentes de países africanos. El portavoz ha asegurado que el Gobierno de coalición formado por PP y Vox mantiene una "oposición radical" a la política migratoria y de acogida del Ejecutivo central.

"Nos opondremos de forma radical a cualquier acción que sea contraria a los intereses de Castilla y León y no tenga en cuenta nuestra opinión", ha señalado Carriedo, que ha avanzado que, si fuera necesario, la Junta presentaría los "recursos correspondientes" ante los tribunales.

El portavoz autonómico ha situado además la cuestión en el ámbito de la seguridad nacional y el control de las fronteras. "Estamos ante un problema de seguridad nacional y de control de fronteras", ha afirmado, antes de considerar que la situación es consecuencia del "fracaso" del Gobierno de España.

Carriedo ha defendido que esta posición es coherente con el acuerdo de gobierno entre PP y Vox, aunque ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya recurrió durante la pasada legislatura, cuando el PP gobernaba en solitario, algunas decisiones del Gobierno central relacionadas con la política migratoria al considerar que perjudicaban los intereses de Castilla y León.

El portavoz de la Junta también ha defendido la necesidad de "garantizar el retorno" de las personas que hayan entrado irregularmente en España a sus lugares de origen, sin diferenciar en su intervención entre mayores y menores de edad.

Respecto a la posible vía judicial contra el reparto de menores, Carriedo ha explicado que la Junta "explorará" si es viable que haya menores en un territorio cuya tutela corresponde a otra autonomía que, según ha planteado, no tiene competencias sobre ese territorio.

De esta manera, Castilla y León mantiene su rechazo al mecanismo planteado por el Gobierno central y deja abierta la puerta a acudir a los tribunales si finalmente se produce el traslado de menores y la Junta considera que la medida vulnera los intereses o las competencias de la Comunidad.