La idea del Gobierno por mejorar la alimentación en los centros educativos dará un nuevo paso. Tras aprobar en 2025 la norma que garantiza cinco comidas saludables a la semana en los comedores escolares, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 trabaja ahora en una regulación específica para los desayunos y las meriendas, con el objetivo de desterrar los alimentos ultraprocesados y las bebidas con azúcares añadidos.

La medida pretende cubrir un vacío que dejó el real decreto aprobado el pasado año, ya que este se centraba únicamente en los menús del comedor. Con la nueva normativa, también las primeras y últimas comidas de la jornada escolar deberán cumplir criterios nutricionales y ofrecer opciones variadas, equilibradas y de mayor calidad.

Entre los principales cambios figura la eliminación de productos como la bollería industrial, las galletas, los snacks salados, los precocinados, los postres industriales y las bebidas azucaradas o edulcoradas, al considerar que presentan un perfil nutricional poco recomendable para los menores. Además, se limitarán los alimentos con un elevado contenido de grasas saturadas, grasas trans, sal y azúcar.

En su lugar, los desayunos que se sirvan en los centros educativos, tanto si son preparados por el propio colegio como por empresas externas, deberán incluir al menos tres grupos de alimentos saludables, entre ellos fruta fresca, cereales integrales, lácteos sin azúcares añadidos, aceite de oliva u otras grasas saludables y alimentos ricos en proteínas, incluidas las de origen vegetal.

Para las meriendas, el ministerio quiere priorizar la fruta fresca, preferiblemente entera y de temporada, pequeños bocadillos elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y con bajo contenido en sal, dejando en un segundo plano los productos industriales que hasta ahora eran habituales en muchos centros.

La futura regulación también incorporará criterios de sostenibilidad. En concreto, fomentará la reducción del uso de envases y vajillas de plástico, tanto durante la elaboración de los alimentos como en su distribución y servicio, promoviendo el empleo de materiales reutilizables o con un menor impacto ambiental.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Ejecutivo para mejorar la alimentación en los servicios públicos. A ella se suma el anuncio de extender las mismas pautas nutricionales al primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, así como la futura aprobación de un real decreto que fijará criterios de alimentación saludable en hospitales, residencias y otros centros públicos y privados destinados a personas dependientes o con necesidades especiales.