El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Soria ha anunciado su intención de personarse en la causa judicial que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con el departamento de Medio Ambiente y Turismo. La decisión ha sido comunicada este viernes por la portavoz popular, Belén Izquierdo, y el concejal Saturnino de Gregorio, quienes han vuelto a reclamar al alcalde, Javier Antón, que ofrezca explicaciones sobre este asunto.

Durante su comparecencia, los representantes del PP defendieron que el equipo de gobierno debe dar más información desde el punto de vista político, al margen del procedimiento judicial, y reiteraron su petición de transparencia sobre las actuaciones llevadas a cabo en el Consistorio.

Los populares recordaron que a finales de 2022 solicitaron documentación relacionada con Biosfera, una de las empresas que figura en la investigación judicial. Según señalaron, pidieron conocer la composición de la sociedad y otra documentación mercantil al considerar que había obtenido diversos contratos con el Ayuntamiento, aunque aseguran que esa información no les fue facilitada.

Asimismo, el PP extendió sus críticas al exalcalde de Soria y actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, al considerar que, si siempre defendió un control exhaustivo de la gestión municipal, debería dar explicaciones sobre una situación que ha desembocado en una investigación judicial.

En relación con el registro practicado esta semana en dependencias municipales por la Guardia Civil, que se prolongó durante varias horas, los concejales populares insistieron en que el alcalde debe aclarar qué información recibió previamente sobre esa actuación y en qué momento tuvo conocimiento de ella.

Durante la comparecencia, el PP también hizo un llamamiento a dejar trabajar a la Policía Judicial y a los órganos judiciales para que la investigación determine lo ocurrido.

Cabe recordar que la causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que el contenido de las diligencias judiciales no ha sido hecho público y las personas investigadas mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial firme.