El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, anunció hoy que la Junta pondrá en marcha planes de retorno y procesos de repatriación para los inmigrantes ilegales que se encuentren en la Comunidad, además de anunciar la puesta en marcha de pruebas de edad para los menores no acompañados que se encuentran en centros de Castilla y León y de procesos para comprobar si tienen familiares viviendo en España, según recoge la Agencia Ical.

Pollán, que realizó estas declaraciones tras mantener una entrevista con responsables autonómicos de Cáritas, adelantó que también se auditará todo el gasto público de la Comunidad para evitar que vaya a la inmigración ilegal y se dejará de habilitar espacios para menores, a la vez que se endurecerá el régimen interno de esos centros, "donde tenemos que respetar y valorar el trabajo que hacen nuestros funcionarios y el personal de esos centros, para que no sufran las situaciones que están padeciendo".

El vicepresidente de la Junta ha sostenido que no se trata "de una cuestión de financiación, ni de recursos, ni de plazas, sino que es oponernos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, que está suponiendo de colapso de los servicios sociales en toda España y las Comunidades Autónomas y cada vez más en Castilla y León".

Pollán ha insistido en que Castilla y León no va a participar en lo que ha calificado de "estafa migratoria" de Sánchez y ha reiterado la "oposición frontal a cualquier política relacionada con la inmigración ilegal" en esa comunidad, como recoge el acuerdo de Gobierno con el PP.

Se ha referido a que en Aragón casi el 80 por ciento de los menores a los que se la hecho la prueba "no son tales", y en Extremadura un 18 por ciento tienen familiares directos en España, por lo que es "inasumible" dedicar recursos públicos a esos menores.

Una vez contrastada la edad de esos menores, para lo que colaborarán con la Fiscalía, ha explicado Pollán, se procederá a ese plan de repatriación, en la línea de lo que recoge el pacto de gobierno en esa comunidad que "habla de combatir la inmigración ilegal, sean mayores de edad o sean menores de edad".

"Tendremos que valorar si son menores de edad, si podemos llegar a esos acuerdos y esos convenios que la propia Ley de Extranjería dice que se pueden establecer con los países de origen para poder hacer que esos menores estén donde tienen que estar, que es con sus padres", ha precisado.

Sobre las ayudas sociales a organizaciones no gubernamentales como es el caso de Cáritas, se mantendrán las que están firmadas para este 2026, que se van a cumplir, "pero a partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y todas las subvenciones que se están repartiendo a través de las distintas asociaciones".

"Cáritas realiza una labor muy importante en muchos aspectos" como infancia, adicciones o mayores, "y en ese sentido bueno pueden estar tranquilos porque esa labor va a seguir haciéndose desde la Consejería de Familia", ha trasladado Pollán. "Pero desde luego que todo lo relacionado con la inmigración ilegal lo vamos a intentar combatir", recoge la Agencia EFE.